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Espacio público y participación infantil y adolescente en la Comunitat Valenciana.

Experiencias, estructuras y rendimiento institucional

María Ángeles Abellán López

Gonzalo Pardo Beneyto

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ESPACIO PÚBLICO Y PARTICIPACIÓN INFANTIL Y ADOLESCENTE EN LA COMUNITAT VALENCIANA. EXPERIENCIAS, ESTRUCTURAS Y RENDIMIENTO INSTITUCIONAL

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María Ángeles Abellán López

Gonzalo Pardo Beneyto Autores

ESPACIO PÚBLICO Y PARTICIPACIÓN INFANTIL Y ADOLESCENTE EN LA COMUNITAT VALENCIANA. EXPERIENCIAS, ESTRUCTURAS Y RENDIMIENTO

INSTITUCIONAL

Este libro ha sido financiado con cargo al Proyecto de Investigación GV/2021/001 de la Generalitat Valenciana.

tirant humanidades

Valencia, 2024

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Índice

Este libro recoge fundamentalmente la parte empírica del Proyecto de Investigación GV/2021/001, subvencionado por la Generalitat Valenciana, titulado La participación infantil en el ámbito público. Abordajes, propuestas y metodologías de los presupuestos participativos infantiles en la Comunitat Valenciana, que ha hecho posible su publicación.

La presente obra ofrece a los lectores interesados un corpus teórico, normativo, empírico y documental sobre la participación infantil y adolescente en el espacio público. La participación de los niños, niñas y adolescentes se ha convertido en tema de debate en las ciencias sociales con su consideración de ciudadanos de pleno derecho, en sintonía con los principios rectores de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño (CDN).

Asimismo, proporciona ejemplos metodológicos que se presentan como útiles herramientas para futuros estudios sobre esta temática. Una de las fortalezas de este trabajo es precisamente el acopio metodológico fruto del trabajo realizado. En primer lugar, ofrecemos los resultados de un estudio piloto elaborado entre 2021-2022 para UNICEF España, consistente en el diagnóstico y caracterización de los presupuestos participativos para niños, niñas y adolescentes en el ámbito nacional. En segundo lugar, los autores hemos plasmado la investigación desarrollada en el proyecto GV/2021/001 singularizada según la metodología mencionada. El libro también tiene presente el alto volumen de legislación que se elabora desde las comunidades autónomas para la protección, tutela, promoción integral y regulación de la infancia y adolescencia. En líneas generales, la normativa española para promover la participación infantil es reciente. Su punto de partida asume como propio los debates que han condicionado el recorrido de la agenda pública mundial sobre infancia y su encaje en el nuevo paradigma. Por tanto, se está ante una legislación con una concepción holística de la infancia así como de los

riesgos y desafíos que plantea el ejercicio de los derechos del niño en la sociedad digital contemporánea.

El primero de los capítulos examina el debate sobre el papel de los niños y las niñas en las sociedades actuales reconocido en la Convención sobre los Derechos del Niño. A continuación, detalla la relevancia de los niños en las sociedades actuales y las distintas concepciones que determinan la acción pública, además de la participación y sus principales desafíos.

El capítulo dos desarrolla la participación en el ámbito democrático y el papel de los presupuestos participativos, especialmente en el ámbito local, caracterizando la modalidad de participación infantil y adolescente.

Por su lado, el capitulo tres, desde una perspectiva neoinstitucionalista, profundiza en la legislación sectorial sobre infancia examinando las concepciones empleadas por los policy-maker.

El capítulo cuatro describe la metodología utilizada en el resto de la obra y cómo se han trabajado los datos empíricos, siendo la antesala del grueso empírico que ofrecen los capítulos cinco, seis y siete.

Así, el capítulo cinco aborda el estudio piloto desarrollado para UNICEF, de carácter cualitativo sobre los presupuestos participativos infantiles y adolescentes en el ámbito local español. Finalmente, los capítulos seis y siete ofrecen los resultados del estudio empírico en la Comunitat Valenciana, desde una visión cuantitativa como cualitativa.

Cabe advertir que se ha procurado incorporar un lenguaje inclusivo a lo largo de la obra y que la utilización del masculino universal obedece a razones de economía lingüística.

Por último, queremos agradecer a la Generalitat Valenciana la financiación del proyecto y a UNICEF su apoyo y aval. También, a nuestras compañeras y compañeros que han contribuido a enriquecer esta obra con sus sugerencias de mejora. Deseamos que los lectores y estudiantes

encuentren este libro útil para sus investigaciones en un tema tan fecundo como el que se plantea.

María Angeles Abellán López / Gonzalo Pardo Beneyto Universitat de València

Capítulo 1

La participación infantil y adolescente en las sociedades contemporáneas

INTRODUCCIÓN

El año 1989 marcó un hito para la participación infantil y juvenil, tras ser reconocida como un derecho en la Convención de los Derechos del Niño (en adelante, CDN). Si bien es un derecho con respaldo jurídico y con apoyo social, lo cierto es que su perfeccionamiento se topa con numerosos obstáculos que dificultan su implementación. Tanto es así, que la asunción de este bien jurídico en abstracto no obsta para reconocer su complejidad para aplicarlo a contextos concretos. La infancia admite diferentes visiones siendo la hegemónica hasta el momento aquella que la considera como una etapa de tránsito para llegar a la edad adulta. De este modo, el niño y la niña se definen como personas en construcción cuyo destino es alcanzar la madurez necesaria para acceder al mundo de los adultos. Y es precisamente esa falta de madurez por su corta edad la que ha justificado su incapacidad e invisibilidad como ciudadano para participar en su comunidad. Es decir, la infancia se definiría por aquello que le faltaba, no por sus elementos sustantivos. Así pues, como categoría social ha despertado interés en numerosos expertos, si bien la idea central sigue siendo para los niños pero no con los niños.

Por esta razón, algunos interrogantes desvelan respuestas paradójicas como ¿se escuchan y se tienen en cuenta las opiniones de los niños en la vida pública? ¿Tienen algún impacto las opiniones expresadas por los niños? ¿Quiénes participan, cómo y para qué?

El enfoque tradicional ha prestado poca atención al papel de los niños durante su infancia en un intento de cerrar esta brecha más allá de las discusiones sobre los actores democráticos en los que se conver-

tirán cuando sean adultos. Solo cambios sociales y legislativos recientes han permitido ampliar la forma en que se veía a los niños centrada en términos de su futuro y en el tipo de adultos en que se convertirán. De esta manera, la consideración de los niños como actores sociales ha alumbrado estudios en los que los niños y niñas son miembros de la sociedad centrándose en el ahora y no tanto en su futuro como adultos (Qvortrup, 1994; Sünker, 1995). Ello no impide reconocer que los niños no suelen estar incluidos en los procesos donde se adoptan decisiones que afectan a la sociedad. Uno de los principales argumentos que ha sustentado la exclusión de los niños en las prácticas participativas guarda una estrecha relación con el denominado paradigma del desarrollo (Lansdown, 2005) cuya idea central es que las capacidades de los niños están en evolución y sin madurar.

El dominio del pensamiento adultocéntrico ha naturalizado el hecho de que son los adultos los que han de tomar las decisiones independientemente de lo que piensen los niños puesto que ellos son el sujeto de protección y el objeto de los cuidados.

Este argumento ha generado numerosos estudios discrepantes que desafían al desarrollismo. Para Liebel (1994), la infancia representa un grupo capaz de participar en aquellas decisiones que le afecta y contrapone un paternalismo tradicional en vías de extinción frente a un paternalismo moderno en auge.

La idea clave es que los niños son actores sociales competentes dotados de agencia, con capacidad para ejercer el derecho de participación en los ámbitos que les conciernan como han puesto de manifiesto diversos estudios e investigaciones (Hart, 1992; 1997; Liebel, 1994; Lansdown, 2005; Gaitán, 2006; Lundy, 2007; Thomas, 2009; Tisdall, Gadda, & Butler, 2014; Faedi Duramy & Gal, 2015; Lundy, Orr & Marshall, 2020).

Esta nueva concepción de la infancia irradia el presente trabajo entendiendo que los niños, niñas y adolescentes, como sujetos dotados de agencia, detentan un rol activo y cuentan con capacidad para transformar la realidad.

LA INFANCIA, UN ACTOR SOCIAL EN LA VIDA PÚBLICA

Si hemos de elegir una fecha clave en este tema, sería el 20 de noviembre de 1989, cuando la Convención sobre los Derechos del Niño, reconoció en un documento fundamental que los niños y niñas de todo el mundo son sujetos portadores de derechos y que siempre ha de primar en todas las actuaciones el supremo interés del menor. De este modo, el niño y la niña pasaron a concebirse como poseedores de derechos que deben ser receptores de cuidados y de asistencia debido a su vulnerabilidad. Esta nueva concepción les reconocía la capacidad de participar en la sociedad, independientemente de haber alcanzado cualquier etapa de desarrollo o edad cronológica específica. De esta manera, un nuevo sujeto político entró en la agenda política y se asumía la necesidad de diseñar políticas públicas adaptadas a la infancia y adolescencia dentro de un marco interactivo. Este punto de inflexión ha gestado cierta sensibilidad por conocer los problemas y necesidades que afectan a este segmento social. Como resultado de este interés, han fructificado un gran número de estudios, investigaciones, proyectos y programas de diferentes instituciones tanto nacionales, internacionales como no gubernamentales destinadas a la infancia y a la adolescencia. Este tratado internacional compuesto de 54 artículos recoge diferentes derechos civiles, económicos, sociales, culturales y políticos con tres protocolos complementarios: el protocolo sobre la venta de niños y la prostitución infantil; el protocolo referente a la participación de los niños en conflictos armados y, finalmente, el protocolo relativo a un procedimiento de comunicaciones para presentar denuncias ante el Comité de los Derechos del Niño.

Uno de los mayores desafíos que se propuso el Comité de los Derechos del Niño, como órgano internacional que valora la implementación de estos derechos, ha sido instar a los Estados partes a trabajar en la articulación de medidas tanto legales como no legales. No se trata solamente de incorporar el tratado ratificado a los ordenamientos jurídicos nacionales sino también a trabajar en el aseguramiento de la protección y cuidados de los niños y niñas, a diseñar estrategias y políticas multini-

La participación infantil y adolescente en las sociedades contemporáneas

vel, a mejorar los servicios de coordinación y defensa, a recopilar datos, a formular metodologías, a capacitar a las personas que trabajan con los niños y niñas, a desarrollar sistemas de presupuestos infantiles así como a establecer evaluaciones de impacto para conocer los rendimientos.

Uno de los artículos que más controversias ha generado en su interpretación es la observación número 12 recibiendo una especial atención por parte de los observadores interesados en la participación de los niños y niñas. Si bien ya se ha señalado que el documento internacional se compone de 54 artículos, cabe referirse concretamente a algunos de ellos por su especial consideración como los derechos a la libertad de expresión (artículos 13 y 17), la libertad de pensamiento, conciencia y religión (artículo 14), la libertad de asociación y reunión (artículo 15) o el derecho a la privacidad (artículo 16). Este conjunto de derechos configura un locus que otorga carta de naturaleza a la participación de los menores como miembros de pleno derecho de la sociedad. Además, esta participación no colisiona en absoluto con otras declaraciones que aseguran la protección infantil como la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Declaración de los Derechos del Niño de 1959 y en el marco europeo, la Carta de Derechos Fundamentales (CFR) de la UE (UE, 2000), que constituye la base legal para perfeccionar los derechos del niño en el contexto comunitario y con evidentes vínculos con la CDN y con la Carta Social Europea Revisada (1996), que complementa el Convenio Europeo de Derechos Humanos.

Los derechos y principios rectores recogidos en su articulado configuran un estatuto jurídico para los niños, niñas y jóvenes de consenso prácticamente universal, atendiendo al número de países que la han ratificado, que sienta las bases para que puedan desarrollar su pleno potencial. Las disposiciones de la Convención de derechos del niño no sólo forman parte de nuestro ordenamiento interno, como el resto de tratados internacionales publicados, en la Constitución española, sino que tienen una especial relevancia constitucional de acuerdo con su artículo 39, que dispone que los niños han de gozar de la protección prevista en los acuerdos internacionales que velan por sus derechos.

En España, entró en vigor en nuestro ordenamiento el 5 de enero de 1991 y representa el instrumento jurídico fundamental de los derechos humanos de la infancia y la adolescencia. No existe, pues, una única forma de implementar la Convención y los Estados partes han ido adoptando una variedad de enfoques para perfeccionar las disposiciones.

Todo este bagaje normativo legislativo ha estimulado un interés social, académico y político por la infancia que ha derivado en un conjunto de planteamientos novedosos. De entre las disciplinas sociales, la sociología ha generado un gran corpus de estudios y como afirma Gaitán (2006), básicamente por tres razones: a) la nueva sociología de la infancia ha contribuido al crecimiento de la ciencias sociales con la incorporación de un sector social casi olvidado; b) ha forjado diferentes explicaciones con enfoque interdisciplinar sobre la infancia y c) ha fortalecido la agencia de los niños y niñas al darles visibilidad como actores sociales en línea con la Convención Internacional de los Derechos del Niño.

Sin embargo, no puede predicarse el mismo interés para la ciencia política más allá de algunos estudios enfocados a las políticas públicas sectoriales y a la socialización política aunque la emergencia sanitaria por la Covid-19 está estimulando investigaciones sobre las brechas educativas, de protección y cuidados para los niños y jóvenes.

Durante mucho tiempo se ha tendido a separar el mundo de la infancia y el de la política cuando en realidad los niños son competentes políticamente (Qvortrup, 1987; Alderson, 2008; Moran-Ellis & Sünker, 2018; Lundy, 2018). También resulta interesante para la ciencia política, si se considera la necesidad de construir sociedades democráticas inclusivas, lo que requiere articular espacios para escuchar a todos los sectores sociales como la infancia y la adolescencia, que no pueden continuar en la invisibilidad y sin que nadie les escuche (White y Choudhury, 2007). Asimismo, otra importante razón es que en un contexto incierto y global, el estudio del comportamiento político, de la cultura política de cada país, resulta fundamental para conocer qué valores y actitudes

La participación infantil y adolescente en las sociedades contemporáneas

se enseñan (y se aprenden) durante la infancia. Además, la formulación de políticas públicas actual insiste en la participación de las partes interesadas (stakeholders) en el marco de la gobernanza pues repercute en una prestación de servicios públicos más eficiente y responsable. En este sentido, los niños constituyen esa parte interesada que debe poder participar y pronunciarse.

Por otro lado, no existe una abundante literatura que relacione cómo afecta la estabilidad de los sistemas políticos a la infancia, a sus derechos políticos o al entendimiento de la situación política. Así, Nigel Thomas (2009) afirma que los niños son notables en la teoría política predominante principalmente por su ausencia, por lo que más allá de ser objetos de la política, no son relevantes para el discurso. Esta ausencia de expresión pública deviene en una forma de privación sobre la que hemos de reflexionar. Solo en las dos últimas décadas los niños han comenzado a ocupar un lugar más destacado en las agendas públicas y concitar el interés de los profesionales e investigadores de todo el mundo (Thomas, 2009). Si bien se han logrado avances en la creación de espacios para la participación de los niños y los jóvenes, lo cierto es que siguen ocupando una posición sujeta a controversia como ciudadanos en formación. Sin embargo, no podemos ser ajenos al interés que despiertan las numerosas investigaciones sobre la eficacia y resultados de las políticas públicas infantojuveniles y, lo que es fundamental, conocer cómo son percibidas por sus destinatarios.

Uno de los tópicos privilegiados en las agendas públicas de los gobiernos es la cuestión de la sostenibilidad. No puede pasar desapercibido hasta qué punto la sostenibilidad de la vida social se fundamenta en la capacidad de socializar a la infancia y a la adolescencia, para comprometerse con la toma de decisiones de su entorno ya que aumentan las posibilidades de continuar una participación activa en la edad adulta. Algunos estudios han puesto de manifiesto que el conocimiento cívico y la participación aumentan la probabilidad de que los niños y los jóvenes voten cuando sean adultos (Cohen & Chaffee, 2012; Augsberger et al., 2017). Los altos niveles de abstención sugieren la necesidad de aumen-