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Acuerdo de Gobierno PSOE Sumar

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Hace cuatro años, España cambió de rumbo y retomó la senda del progreso. Tras una década de políticas de austeridad, precariedad laboral, crispación, retrocesos en derechos, e inacción medioambiental, nuestro país volvió a mirar al futuro con ambición y con esperanza. La mayoría social se movilizó e hizo posible la creación del primer gobierno de coalición progresista de nuestra democracia. Hoy, casi 1.400 días después, podemos afirmar –con humildad, pero con confianza– que ese gobierno ha sido un éxito. Bajo su gestión, España ha navegado una de las coyunturas internacionales más complejas y adversas de la historia reciente, ha recuperado la estabilidad institucional, y ha llevado a cabo una modernización sin precedentes de su economía, su mercado laboral y su Estado del bienestar, al tiempo que ha protegido y ampliado los derechos y libertades de su ciudadanía. Las crisis y los desastres naturales no nos han apartado de nuestro camino. Al contrario. El gobierno de coalición ha afrontado lo urgente y ha abordado lo importante, tomando medidas pioneras y valientes que han funcionado. Ahora, ha llegado el momento de seguir avanzando por la senda del progreso y la convivencia. Debemos consolidar las reformas logradas, recoger sus frutos y dar nuevos pasos hacia el bienestar y la justicia social, la prosperidad económica y la sostenibilidad medioambiental. España quiere y puede convertirse en uno de los países más avanzados e influyentes del mundo. Ese es nuestro objetivo y nuestro compromiso. Contamos con las estrategias, la trayectoria, el talento y los apoyos necesarios para conseguirlo. Vamos a seguir modernizando nuestro tejido productivo y apostando por la ciencia y la innovación para crear más riqueza, oportunidades y empleo de calidad. Vamos a seguir mejorando nuestros servicios públicos y nuestro Estado del Bienestar. Vamos a seguir defendiendo el interés general de la gente frente a los intereses de las élites y los mercados, y los derechos y libertades de la ciudadanía, las mujeres y las personas del colectivo LGTBI. Vamos a seguir abanderando la transición ecológica en Europa y elevando

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el liderazgo


internacional de nuestro país. En definitiva, vamos a hacer que España siga avanzando. El nuevo gobierno de coalición progresista estará compuesto por diferentes formaciones políticas y contará con sensibilidades distintas. Esa pluralidad será una de nuestras mayores fortalezas, porque constituye un fiel reflejo de la diversidad que caracteriza a la sociedad española y que nos hace grandes como país. Nos adentramos en una década que será decisiva para el futuro de España y el mundo, y el nuevo gobierno de coalición va a estar a la altura. Vienen cuatro años más de progreso, de convivencia, estabilidad, e ilusión. Vienen cuatro años más de izquierda.

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1. Una economía más moderna, al servicio de las personas y de un crecimiento justo y sostenible

● Desarrollaremos una política económica responsable y coherente, orientada a alcanzar el pleno empleo y a lograr que la tasa de paro converja con la media europea a lo largo de la legislatura y, en cualquier caso, y en línea con el resto de economías de la UE, situando la tasa de empleo por encima del 70%. ● Reforzaremos los instrumentos para reducir las desigualdades y mejorar la cohesión social en todo el país. Para ello, se desplegará una política económica que asegure el empleo de calidad y con derechos, el reforzamiento del estado de bienestar, una política activa de vivienda y la protección de las familias y los derechos sociales. Asimismo, la política económica se orientará a garantizar la necesaria transición ecológica –con la consiguiente reducción de emisiones de CO2–. Seguiremos fomentando la creación, el crecimiento y la internacionalización de las empresas, agilizando los trámites administrativos y desarrollando instrumentos de financiación bancarios y no bancarios que les ayuden a creer y ser más productivas. ● Culminaremos el proceso de modernización de nuestro tejido productivo asociado al despliegue de los fondos Next Generation. Aceleraremos la aprobación y ejecución de los fondos pendientes, garantizando que la financiación llega a todo el territorio y a las empresas de menor tamaño, y terminaremos de desplegar los proyectos estratégicos (PERTE) para situar a España entre los países europeos líderes en las tecnologías del futuro. ● Seguiremos reforzando nuestro sector industrial, aprovechando las ventajas que nuestro país tiene en la producción de energía renovable, limpia y barata, fomentando con ello nuestra autonomía estratégica. Apostaremos además por la producción de aquellos bienes, servicios y materias primas en los que ya tenemos una ventaja competitiva consolidada o en los que debemos tener una capacidad mínima de fabricación dada su importancia


para la economía del futuro. Lo haremos fomentando la circularidad y la eficiencia en el uso de los recursos como una de las vías fundamentales para favorecer la resiliencia de nuestras empresas y elevar su productividad. ● Revitalizaremos la apertura exterior de España, con una nueva expansión comercial dirigida no solo consolidar nuestros principales mercados de exportación e importación (Unión Europa, América Latina y Asia), sino también a diversificar nuestras fuentes de suministro y ampliar nuestras relaciones comerciales y de inversión con otras regiones, en aras de reducir las posibles dependencias estratégicas asociadas a la transición digital y a la verde. ● Apoyaremos el crecimiento de las pymes y la estabilidad de los autónomos, facilitando su adaptación a la transformación digital y verde. Para ello, ampliaremos el programa Kit Digital al conjunto de las pymes y autónomos, y facilitaremos el proceso de incorporación de las nuevas reglas europeas relativas a la transición ecológica y digital. Al mismo tiempo, impulsaremos la digitalización de los trámites empresariales, reforzaremos la transferencia tecnológica a las pymes e impulsaremos el escalado de las empresas innovadoras, mejorando su acceso al talento a través de servicios de asesoramiento, formación y búsqueda de perfiles adecuados para cada sector de actividad. ● Desarrollaremos todos los instrumentos de la Ley de Startups para apoyar la innovación en el tejido productivo, convirtiendo a España en un referente a nivel europeo y atrayendo nuevas inversiones. ● Facilitaremos apoyo financiero a los proyectos de innovación y tecnológicos de las pymes, startups, cooperativas y otras entidades de economía social desde su creación hasta su fase de crecimiento y escalamiento. ● Reforzaremos los instrumentos para limitar la excesiva concentración empresarial y promover la competencia en los mercados con una regulación y supervisión adecuadas. Para ello, se impulsará una revisión de la Ley de Defensa de la Competencia, de 2007, y la de Ley de creación de la CNMC, de 2013. Además, se dotará de más medios a los organismos reguladores para que puedan llevar a cabo correctamente su tarea de supervisión. 5


● Revisaremos los instrumentos financieros al servicio del sector productivo (ICO, CDTI, ENISA y otros) con el objeto de mejorar la eficacia de la Administración

Pública

para

financiar

e

impulsar

proyectos

de

transformación económica, en concreto aquellos relacionados con la transición ecológica y la reindustrialización, contribuyendo al desarrollo de proyectos industriales y empresariales. ● Pondremos en marcha una Estrategia Integral para la Productividad que coordine las políticas públicas en el ámbito de la educación, la innovación, el mercado laboral y la adopción tecnológica, orientándolas a mejorar la eficiencia de nuestro tejido productivo. Para ello, crearemos el Consejo Nacional por la Productividad, emulando el que ya tienen varios países europeos, para que se encargue de su monitorización y establezca recomendaciones de actuación para alcanzar los objetivos previamente fijados en dicha Estrategia. ● Facilitaremos los trámites de las empresas con las Administraciones Públicas, avanzando

en simplificación administrativa y creando una

plataforma digital para la factura electrónica que permita a los autónomos y a las pymes reducir sus costes operativos y mejorar la eficiencia de sus procesos. ● Impulsaremos una reforma de las reglas fiscales europeas que permita conjugar la estabilidad presupuestaria a lo largo del ciclo y la sostenibilidad de las cuentas públicas con el crecimiento económico, la creación de empleo y una ambiciosa agenda de inversiones sociales, verdes y digitales. ● Garantizaremos que la digitalización se realiza preservando nuestra seguridad, derechos laborales y sociales, y valores democráticos, y que se ejecuta de forma inclusiva, asegurando la justicia social e incorporando a todos los sectores de la sociedad. ● Promoveremos que la tanto la transición digital como la transición energética se llevan a cabo aprovechando la potencialidad de nuestro tejido productivo, de forma que se despliegue una política industrial que favorezca la mayor participación posible de las empresas radicadas en España en la producción

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de los componentes necesarios para estos procesos de modernización económica. ● Potenciaremos la neutralidad de la red asegurando que las empresas que ofrecen servicios no distinguen ni priorizan de manera arbitraria los contenidos, servicios y aplicaciones. La ley debe asegurar la protección de datos, especialmente aquellos relacionados con la salud de las personas, y un acceso universal a Internet de calidad en todo el territorio y a precios asequibles. ● Pondremos en marcha la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero para proteger a la ciudadanía en relación con sus reclamaciones en el ámbito bancario, de seguros y de inversión financiera. Garantizaremos

la

eliminación de las comisiones por retirada de efectivo en ventanilla. ● Promoveremos, en coordinación con el Banco de España, un plan para evitar la exclusión financiera de algunos colectivos sociales y las consecuencias derivadas del cierre de oficinas y cajeros en los territorios con menor población. ● Defenderemos que España siga posicionándose como referencia mundial en turismo y como una alternativa moderna, competitiva y a la vanguardia en la transformación del modelo hacia la sostenibilidad medioambiental, socioeconómica y territorial, impulsando la Estrategia de Turismo Sostenible 2030. Con este objetivo en mente, aplicaremos medidas destinadas a contribuir a un turismo respetuoso con el medioambiente y los recursos naturales, así como medidas dirigidas a garantizar el empleo digno y el equilibrio entre los visitantes y los residentes. ● Potenciaremos el uso de la digitalización y aprovechamiento de los datos por parte de las empresas y los destinos turísticos como palanca para adaptarse a las nuevas demandas de los viajeros y a los nuevos modelos de negocio. ● Reforzaremos los programas de turismo y de termalismo del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO) para seguir mejorando la calidad de vida y el acceso de las personas mayores y de las personas con

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discapacidad a servicios de ocio y de salud, así como contribuir al mantenimiento del empleo turístico y a la desestacionalización del sector. ● Reforzaremos los derechos de las personas consumidoras. Se modernizará el Sistema Arbitral de Consumo, se fomentará el asociacionismo, renovando e impulsando el Consejo de Consumidores y Usuarios, y se mejorarán los mecanismos procesales en defensa de los intereses colectivos en materia de acciones de representación de las personas consumidoras. Se aprobará una nueva Ley de Condiciones Generales de la Contratación y una Ley de Servicios de Atención a la Clientela.

Ciencia e Innovación ● Impulsaremos la innovación y la ciencia como ejes centrales de nuestro modelo productivo. Para ello, continuaremos con un firme compromiso para el fortalecimiento de la I+D+i, desarrollando la Ley de la Ciencia aprobada en 2022. ● Seguiremos mejorando las condiciones laborales de los investigadores, aprobando el Estatuto del Personal Docente Investigador, desarrollando, entre otras cuestiones, el sexenio de transferencia de conocimiento. ● Fomentaremos la igualdad efectiva entre hombres y mujeres dentro del ámbito científico. Entre otras medidas, se convocará el distintivo de igualdad como sello de calidad científica. ● Seguiremos desarrollando el “Plan de retención y atracción del talento científico e innovador” con el objetivo de que vuelvan los científicos que se fueron, que no se vayan los que están y atraer a los mejores; y el “Plan de Transferencia y colaboración del conocimiento” para acelerar la innovación en nuestro país. ● Continuaremos con la evaluación de los proyectos financiados por la Agencia Estatal de Investigación y con el programa FORTALECE, un nuevo programa de financiación más flexible y estable, menos burocrático, que se extenderá, de manera progresiva, al conjunto del sistema de ciencia.

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● Consolidaremos los Planes Complementarios

de I+D+I

para áreas

estratégicas, con corresponsabilidad y cofinanciación en política científica entre la AGE y las CCAA. ● Seguiremos

financiando

e

impulsando

el

desarrollo

de

nuevas

infraestructuras de referencia internacional. ● Mantendremos la apuesta por los programas de apoyo a las empresas innovadoras, como las iniciativas Misiones y TransMisiones; la compra pública innovadora; la coinversión en empresas de base tecnológica; o el Plan de Transferencia y Colaboración para incentivar la colaboración público-privada en I+D+I e impulsar la capacidad innovadora de las empresas españolas.

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2. Más y mejores empleos, con más derechos y mejores salarios

El diálogo social seguirá siendo una herramienta fundamental en el ámbito laboral, abriendo a la participación de las organizaciones empresariales y sindicales los procesos de toma de decisión sobre las materias que conforman el modelo de relaciones laborales de nuestro país. En este sentido, las medidas laborales contenidas en este acuerdo se llevarán a cabo en el marco del diálogo social.

Apoyaremos la aplicación del Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva para que los salarios ganen poder adquisitivo tomando en cuenta la evolución de la productividad y de los resultados de las empresas, utilizando la información del Observatorio de los Márgenes de Beneficio de las empresas (OMB), poniendo a disposición de las mesas negociadoras de los diferentes sectores información detallada.

Culminaremos un Estatuto del Trabajo del siglo XXI, que articule una red básica de derechos

para todos aquellos

que

prestan actividades

profesionales, desde los autónomos hasta los cooperativistas, y un desarrollo del trabajo por cuenta ajena que incorpore expresamente la transición digital, incluido el gobierno de los algoritmos, y la transición verde, a través

de fórmulas

de negociación colectiva

que garanticen la

sostenibilidad. El Estatuto también incorporará, entre otros, los siguientes contenidos imprescindibles: -

Reforzaremos las garantías de las personas trabajadoras en las modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo y en los descuelgues. Revisaremos las causas para que solo en situaciones que afecten a la viabilidad de la empresa se pueda recurrir a estos procedimientos, que deberán ser negociados, dando prioridad a la negociación con las organizaciones sindicales y garantizando el carácter reversible de las medidas adoptadas.


-

Establecer garantías para las personas trabajadoras frente al despido, dando cumplimiento a la Carta Social Europea y reforzando la causalidad en los supuestos de extinción de la relación laboral.

-

Mejoraremos

la

información

económica

a

disposición de

los

negociadores de los convenios colectivos de ámbito supra-empresarial, para posibilitar un reparto más equilibrado de la renta y de las ganancias de productividad. ● Reduciremos la jornada laboral máxima legal sin reducción salarial para establecerla en 37 horas y media semanales. Su aplicación se producirá de forma progresiva reduciéndose hasta las 38,5 horas en 2024 y culminándose en 2025. A partir de entonces se constituirá una mesa con los interlocutores sociales que evalúe los resultados de la reducción y siga avanzando en la disminución de la jornada legal teniendo en cuenta las características de los distintos sectores de actividad, la evolución de la productividad y las circunstancias económicas. ● Impulsaremos la firma de un gran pacto de rentas por la estabilidad de precios que garantice la recuperación del poder adquisitivo de los salarios y que tiendan a la convergencia con los países de nuestro entorno. ● El SMI seguirá creciendo a lo largo de la legislatura para asegurar su poder adquisitivo, garantizándose en el Estatuto de los Trabajadores que aumentará acompasado al 60% del salario medio. ● Aprobaremos una Ley de usos del tiempo que, en consenso con todos los agentes de la sociedad, permita avanzar hacia una organización del tiempo más equilibrada entre mujeres y hombres fomentando el bienestar de las personas, la eficiencia del tejido empresarial y asociativo.. ● Con el objetivo de garantizar la igualdad de oportunidades entre nuestros jóvenes, continuaremos impulsando las políticas activas de empleo para las personas jóvenes, dotándoles de una protección adecuada a través del Plan de Choque contra el desempleo juvenil, incluyendo los mecanismos de formación en alternancia con el empleo a través de contratos laborales. ● Aprobaremos el estatuto del becario.

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● Se llevará a cabo un plan de choque frente al paro de larga duración, atendiendo especialmente a los mayores de 45 años. Se desplegarán los servicios garantizados por la Ley de Empleo para que las personas en desempleo de larga duración cuenten con un perfil individualizado a lo largo del año 2024, que les permita acceder a oportunidades de empleo, emprendimiento o formación. ● Simplificaremos y mejoraremos el nivel asistencial por desempleo, facilitando el acceso, la compatibilidad con el trabajo, dotándolo de las prestaciones suficientes y reforzando los incentivos al empleo. ● Se llevará a cabo una nueva regulación de la jubilación parcial y del contrato de relevo que garantice la calidad en el empleo de los relevistas y que tenga en cuenta la mayor penosidad del desarrollo de ciertas actividades (en muchos

casos, fuertemente

feminizadas) a partir de cierta edad,

especialmente de la industria manufacturera. ● Consolidaremos y evaluaremos las mejoras en protección social y prestaciones de los autónomos. Extenderemos la posibilidad de aplicarse la cuota reducida (tarifa plana) en la cotización a la Seguridad Social en los periodos posteriores al inicio de su actividad en los que se produzcan una caída en sus ingresos, cuando declaren por estimación directa, por debajo del Salario Mínimo Interprofesional, sin pérdida de derechos de protección social. ● En línea con el artículo 129 de la Constitución y en el marco del diálogo social, impulsaremos una participación más eficaz de las trabajadoras y trabajadores en el ámbito de sus respectivas empresas. ● Se desarrollarán las reglas de representatividad empresarial, especialmente las relativas a la mayor representatividad de las PYMES en el ámbito del diálogo social, la negociación colectiva y la participación institucional. Asimismo, se actualizará la representatividad del colectivo de autónomos mediante un sistema basado en principios democráticos.

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● Impulsaremos una ley de participación institucional que regule la presencia de

los

interlocutores

sociales

en

los

diversos

órganos

de

las

Administraciones Públicas. ● Aprobaremos una Ley integral de impulso a la economía social, relativa a la modificación de la Ley de cooperativas, la Ley de empresas de inserción y la Ley de la economía social. ● Impulsaremos que las empresas ofrezcan jornadas híbridas que combinen lo presencial con lo remoto, con horarios más adaptables y flexibles. ● Reforzaremos los instrumentos de registro horario con el uso de nuevas tecnologías para asegurar el cumplimiento de las normas en todas las empresas. ● Garantizaremos que la digitalización esté al servicio de las personas haciendo uso de la inteligencia artificial y de la tecnología algorítmica para el control efectivo del tiempo de trabajo, llevando las tecnologías digitales al ámbito de la protección de la seguridad y la salud de las personas trabajadoras. ● Actualizaremos la legislación de prevención de riesgos laborales. Para ello se actualizará el catálogo de enfermedades profesionales, así como el procedimiento de notificación del accidente de trabajo. Además, se evaluará con especial atención la prevención de nuevos riesgos asociados al uso de las TIC, los psicosociales y de determinadas sustancias químicas dañinas para la salud, así como la creciente digitalización y robotización y las nuevas formas de organización del trabajo. Asimismo, se incorporará la perspectiva de impacto de género en la prevención de riesgos laborales. ● España seguirá cumpliendo con sus compromisos internacionales en

materia laboral, entre otros, los Convenios 167 y 184 de la OIT.

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3. Una agenda verde para garantizar la sostenibilidad de hoy y de mañana

Seguiremos impulsando una transición ecológica justa, incrementando el liderazgo de España en este ámbito, y acompañando a trabajadores y comunidades para la diversificación y reactivación de sus economías. Para ello, continuaremos impulsando medidas para descarbonizar nuestra economía y hacerla más circular y sostenible en el uso de recursos naturales, así como respetuosa con la naturaleza. Lo haremos mediante una política industrial verde que impulsará la transformación y modernización de nuestros sectores económicos, aprovechando las nuevas posibilidades que ofrecen la ciencia y la tecnología. Convertiremos la transición ecológica en una vía para reforzar la autonomía estratégica de España, crear nuevos empleos y desarrollar nuevas industrias competitivas.

● Un eje esencial de la política industrial será la Estrategia “España, Potencia Industrial Verde”, promoviendo la reindustrialización de España, el refuerzo de capacidades productivas y la cadena de valor asociada a la transición energética, y el aumento del empleo de calidad mediante el impulso de las oportunidades que ofrece la transición energética, en el contexto de revisión de

la

globalización

que

se

está

produciendo.

En

este

sentido,

desplegaremos la hoja de ruta de gestión sostenible de las materias primas para reforzar la autonomía

estratégica española y europea en esta

transición. ● La política industrial verde favorecerá la instalación de industrias y el desarrollo de otros sectores y actividades económicas verdes en aquellos territorios y comarcas que acogen importantes desarrollos de energías renovables, asegurando el equilibrio territorial, y el desarrollo sostenible de otros sectores y la creación estable de empleo de calidad. Esta política industrial favorecerá, asimismo, la elaboración de planes sectoriales de descarbonización que acompañen a los distintos sectores industriales y económicos

en

la

aceleración

de

la

transición

energética

y

el


aprovechamiento

de las oportunidades que supone en materia de

competitividad. ● Revisaremos los compromisos climáticos marcados en la Ley de Cambio Climático y Transición Energética para aumentar su ambición. España realizará la contribución que le corresponda para cumplir con el objetivo de un 55% de reducción de emisiones en 2030 y además trabajará para alcanzar en dicha fecha el 48% de energía renovable sobre el uso final de la energía, un 81% de energía renovable en la generación de electricidad y presentar emisiones netas nulas en 2050. ● Tal como se contempla en la Ley de Cambio Climático y Transición Energética se elaborará una nueva Estrategia de Transición Justa en 2024 identificando las oportunidades y desafíos de la transición ecológica a abordar en los próximos 5 años. La estrategia identificará además las responsabilidades de las diferentes administraciones y Ministerios, los instrumentos de implementación. A este fin, reforzaremos el Instituto de Transición Justa. ● Impulsaremos

las energías

renovables

mediante la simplificación y

agilización de los trámites preservando la protección e integración ambiental, patrimonial, social y territorial y promoveremos las comunidades energéticas y el autoconsumo colectivo. La rehabilitación de viviendas para mejorar la eficiencia energética será una prioridad. ● Construyendo sobre el éxito de la pasada legislatura que ha permitido multiplicar por más de diez el autoconsumo fotovoltaico haremos de éste una prioridad potenciada por políticas públicas específicas para lograr el objetivo de 19 GW instalados en 2030. Modificaremos todas las barreras existentes para que el autoconsumo compartido y las comunidades energéticas puedan desarrollarse. Se adoptarán medidas que garanticen que los territorios de instalación de energías renovables sean informados y escuchados en un proceso de concertación participativo, y que creen un mapa nacional de instalación preferente de energías renovables, que respete la biodiversidad y las zonas de alto valor agroecológico.

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● Partiendo de este éxito, continuaremos

profundizando en la reforma del

mercado eléctrico mayorista, encaminadas a resolver los elementos perjudiciales del actual mecanismo marginalista y los llamados “beneficios caídos del cielo”. De esta forma, trasladaremos el beneficio de las energías renovables a los consumidores, abaratando la factura eléctrica para hogares y empresas, con una mayor equidad y seguridad de suministro, al tiempo que se proporcionan las señales adecuadas para atraer inversiones. ● Impulsaremos el establecimiento de una Comisión Nacional de la Energía. Un organismo regulador especializado que cuente con los recursos adecuados para abordar la necesaria modernización de la regulación para preparar el sistema energético para el objetivo de neutralidad climática. También se reforzarán sus capacidades de inspección y seguimiento del cumplimiento de la normativa energética por parte del conjunto de actores. ● En las subastas futuras que se realicen para fomentar la instalación de generación eléctrica renovable y respetando la normativa comunitaria, se reservará una cuota específica para instalaciones renovables de pequeño tamaño, las promovidas por entidades locales, ciudadanas y/o cooperativas para el consumo eléctrico de proximidad, y se tendrán en cuenta criterios de sostenibilidad e impacto de la cadena de valor. ● Apostaremos por el despliegue racional del hidrógeno renovable atendiendo a su viabilidad técnico-económica y al potencial internacional de España en el desarrollo y producción de este vector energético, destinándose a procesos de difícil electrificación (ciertos usos industriales, transporte pesado terrestre, aviación, transporte marítimo). ● Revisaremos y desplegaremos la estrategia contra la Pobreza Energética reforzando los instrumentos de protección a los consumidores vulnerables. En el marco de esta estrategia, los agentes competentes en materia de servicios sociales y consumo, en colaboración con las entidades sociales, llevarán a cabo los planes necesarios con el objetivo de, al menos, duplicar el número de hogares acogidos al bono social eléctrico. ● Haremos un cierre de las nucleares planificado, seguro, ordenado y justo socialmente, escalonando el cese de operación de todas las centrales 16


españolas entre 2027 y 2035, continuando los instrumentos ya desarrollados en la Estrategia de Transición Justa. ● Aprobaremos el 7º Plan General de Residuos Radioactivos. Este nuevo plan integrará las necesidades para la gestión de residuos radioactivos y las futuras necesidades en el desmantelamiento ordenado y progresivo de las centrales nucleares. ● Actualizaremos la Ley de Aguas blindando el derecho ciudadano de acceso al agua y su gestión en clave de emergencia climática. Potenciaremos el uso sostenible del agua, una óptima gestión del riesgo de inundaciones y gestión de la sequía, la mejora de las infraestructuras de saneamiento y depuración, e impulsando en este ámbito la economía circular. ● Desarrollaremos la Estrategia de Adaptación al Cambio climático para incorporar respuestas para el calor extremo y recurrente, con el objetivo de garantizar a cualquier persona la máxima protección ante los episodios climáticos extremos que se están normalizando y proteger a la población más vulnerable. Resultará obligatoria la adaptación de las condiciones de trabajo, incluida la reducción o modificación de las horas de desarrollo de la jornada prevista en línea con el RDL 4/2023, así como la alerta por ola de calor en el ámbito de la salud pública. También es fundamental la bioclimatización de los centros públicos, para convertirlos en entornos seguros, saludables, verdes y sostenibles. ● En el ámbito educativo desarrollaremos un Plan contra el calor: “Centros educativos

contra

la crisis climática”. En el espacio universitario,

desarrollaremos planes estratégicos y Campus Verdes como parte de la sostenibilidad urbana. Y en el ámbito de las residencias para personas mayores se impulsará también un Plan que garantice espacios de interior y exterior adaptados a las condiciones climáticas. ● Promoveremos un Programa Nacional antidesertificación que comprenda la implementación de la Estrategia Nacional de Lucha contra la Desertificación aprobada en junio de 2002, para que continúe abordando las principales causas de la desertificación en España relacionadas con el cambio climático y la explotación insostenible de los recursos naturales. Reforzando la 17


consideración del agua como política de Estado y derecho público universal y que defina las medidas prácticas necesarias para luchar y mitigar los efectos de la sequía. ● En el ámbito de la planificación hidrológica, reforzaremos estrategias de planificación sectorial y territorial para regular la disponibilidad de recursos hídricos limitando el crecimiento del regadío salvo cuando existan nuevos recursos procedentes de la reutilización de aguas residuales en las zonas costeras o la desalación, dedicando estos prioritariamente a la recuperación de los acuíferos sobreexplotados. Además, reforzaremos el cierre de pozos y regadíos ilegales con un aumento de los recursos y personal de los organismos de cuenca y una agilización de los procedimientos. Apoyaremos, mediante la I+D+i y en el marco de la transición agroecológica, la adaptación de la agricultura a prácticas menos consumidoras de agua y en las zonas de riego por presión fomentaremos el ahorro energético mediante la sustitución del bombeo por la gravedad. ● Impulsaremos

una

Estrategia nacional

generación, que intensifique

contra

incendios de nueva

la coordinación con las Comunidades

Autónomas en la prevención de incendios forestales y refuerce las competencias del Comité de Lucha contra los Incendios Forestales (CLIF). Asimismo, se finalizará la tramitación de las Leyes Básicas para el Estatuto de los Bomberos y Agentes Forestales. ● Definiremos planes territoriales de conservación y restauración ambiental para territorios y comarcas con alto impacto a causa del cambio climático (Doñana, el Mar Menor, el Delta del Ebro, la Mancha Húmeda o los territorios insulares). Asimismo, declararemos reserva marina la costa colindante con la Sierra de Tramontana. ● Impulsaremos una economía más circular, culminando el desarrollo de la Ley de Residuos y suelos contaminados para una economía circular, así como del nuevo reglamento de residuos y envases que permitirá alcanzar los objetivos de reducción de envases para 2025 y 2030. Se garantizará el derecho a reparar de las personas consumidoras, por medio de una transposición de la normativa europea, en materias tales como el etiquetado,

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las garantías de durabilidad, o la disponibilidad de piezas. Así como con campañas de divulgación y sensibilización que incentiven la reparación frente a la sustitución. ● Aprobaremos una estrategia para la reducción del impacto ecológico del consumo, impulsando patrones más saludables y sostenibles. Esta estrategia incluirá información, sensibilización y herramientas para que las personas conozcan el impacto ecológico de su consumo y reduzcan su huella ecológica. ● Retomaremos la Ley contra el Desperdicio Alimentario.

Agricultura, pesca, desarrollo rural, reto demográfico y lucha contra la despoblación

● Seguiremos impulsando un sector primario moderno y sostenible, dotándolo de nuevas ayudas para la innovación, formación y asesoramiento de las pequeñas y medianas empresas del mundo rural.

Al mismo tiempo,

potenciaremos el uso de las energías renovables en el sector primario para lograr la eficiencia energética y abaratar la factura de la electricidad. ● Fomentaremos la agricultura ecológica y regenerativa para evitar la degradación de la tierra, aumentar

la biodiversidad, preservar los

ecosistemas, mejorar su resiliencia, combatir el cambio climático y mantener e incrementar la producción agrícola. ● Pondremos en marcha un sistema de monitorización de mercados de los principales productos que permita ver fácilmente parámetros como los precios en origen, mayorista y destino, costes de producción, márgenes brutos, volumen de producción, importaciones y exportaciones. Este sistema de monitorización ayudará a asegurar el cumplimiento y desarrollo de la Ley de la cadena alimentaria. ● Elaboraremos un Plan Estratégico de la Producción Ecológica con el que fomentaremos

el consumo de alimentos de calidad diferenciada y

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producción ecológica a través de campañas de promoción específicas y colaboraciones con la restauración y la hostelería. ● Impulsaremos una Ley de Agricultura Familiar que favorezca y priorice este tipo de agricultura que genera mayor valor social y vinculación con el territorio y continuaremos adoptando medidas en favor de la ganadería extensiva. ● Fomentaremos la conservación y mejora de la biodiversidad con medidas favorables a las explotaciones y empresas agroecológicas, y una política forestal sostenible en línea con la Estrategia de la UE en favor de los bosques para 2030 aprobada en 2021, y con la Estrategia Forestal Española a 2050 y el Plan Forestal Español 2022-2032, aprobados en diciembre de 2022. ● Actualizaremos la Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico y el Plan de Acción a nivel nacional para lograr una mejor vertebración del territorio. Se fortalecerán las políticas de lucha contra la despoblación para los territorios con mayor vulnerabilidad socio-territorial de cara a la mejora de la prestación de servicios y de las infraestructuras que permitan su desarrollo territorial y transformación social y económica. Se reducirá el déficit de servicios, impulsando la proximidad y el acceso de los servicios esenciales, la conexión a internet en todo el territorio y la promoción de una red de transporte público adecuada. ● Aprobaremos la cartera de servicios básicos de calidad a menos de 30 minutos del lugar de residencia. ● Reforzaremos la implantación del mecanismo rural de garantía. ● Desarrollaremos una Estrategia Nacional de Alimentación para España que sirva para desarrollar toda la cadena de suministro alimentario, impulsar el empleo en el ámbito rural, mejorar la calidad de la alimentación. Defenderemos la pesca sostenible, para tener en cuenta el objetivo de triple sostenibilidad que persigue la Política Pesquera Común, tanto ambiental, como económica y social.

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● Mejoraremos los canales de comercialización, incluyendo los canales alternativos de proximidad y venta directa mediante el desarrollo del Real Decreto de primera venta y otros. Mejoraremos los mecanismos de la trazabilidad y etiquetado de los productos pesqueros según las normativas vigentes. ● Apoyaremos la descarbonización de la flota y la transición energética del sector pesquero y acuícola, y adoptaremos medidas de mitigación del efecto del cambio climático y la contaminación en el mar. ● Seguiremos promoviendo el acceso de la mujer al sector pesquero y acuícola

en condiciones de igualdad, a través del Plan Estratégico para la Igualdad de Género en el Sector Pesquero y Acuícola 2021-2027. Y fomentaremos el relevo generacional en el sector a través de la formación, la mejora de las condiciones de trabajo y el acceso a los recursos. ● Aprobaremos programas de arraigo para el asentamiento de nuevas familias

en pequeños municipios. ● Pondremos

en marcha líneas

de ayudas

para impulsar proyectos

innovadores y sostenibles de bioeconomía en el mundo rural. ● Fomentaremos los laboratorios de innovación rural para promover la

participación de jóvenes del sector agroalimentario y el medio rural en iniciativas innovadoras. ● Impulsaremos la protección y el bienestar de los animales. Para ello, se

desarrollará la Directiva 2010/63/UE del Parlamento Europeo y del Consejo Europeo relativa a la protección de los animales utilizados para fines científicos, y se pondrán en marcha nuevos planes estatales contra el maltrato a los animales.

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4. Una España que avanza en nuevos derechos sociales sociales para un mayor bienestar

Apoyo público a los ciudadanos y las ciudadanas ● Seguiremos adoptando medidas eficaces para combatir el impacto que la guerra en Ucrania, el encarecimiento de los alimentos y la subida de los tipos de interés tienen sobre la renta disponible de la ciudadanía mediante ayudas directas focalizadas para las familias más vulnerables. Se establecerá un sistema de seguimiento, información y evaluación de los precios de los alimentos básicos que contribuya a disponer de una cesta de la compra básica a precios asequibles, variada y de calidad, que permita el acceso de todas las familias a bienes esenciales y, a la vez, contribuya al objetivo de contención de la inflación. ● Extenderemos el permiso de paternidad y maternidad hasta las 20 semanas, incorporando mayor flexibilidad con el trabajo a tiempo parcial desde la semana 16 y avanzaremos en la implantación de permisos retribuidos para los cuidados de acuerdo con la Directiva 2019/1158 del Parlamento Europeo, con el objetivo de remunerar al menos 4 semanas por hijo/a del recientemente creado permiso parental de cuidados, a partir de agosto de 2024, sin perjuicio de las mejoras que puedan adoptarse en el marco de la negociación colectiva del sector público. ● Revisaremos la prestación por crianza para las familias con menores a cargo, unificando el actual Complemento de Ayuda a la Infancia del Ingreso Mínimo Vital y la deducción por maternidad en el IRPF. ● Reforzaremos y mejoraremos el Ingreso Mínimo Vital, simplificando los requisitos exigidos y mejorando los sistemas de acceso, extendiéndose además los itinerarios de inclusión socio-laboral. ● Continuaremos la senda de crecimiento de la financiación de la dependencia hasta que la financiación de la AGE alcance el 50% del total, asegurando que las CCAA mantienen su inversión propia. Pondremos en marcha una

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Estrategia Estatal de Desinstitucionalización y adaptaremos la Ley de Dependencia para impulsar un cambio en el modelo de cuidados y apoyo a las personas

dependientes, mejorando

la calidad de la atención,

personalizando los apoyos y priorizando la atención domiciliaria frente a la residencial.

Además,

trabajaremos

por

garantizar

el

servicio

de

teleasistencia como derecho subjetivo y el cumplimiento del Acuerdo de Acreditación (el “nuevo modelo de residencias”), acordado con las CCAA en el seno del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia. ● Impulsaremos políticas para abordar el reto de la soledad no deseada a través de una Estrategia Nacional que coordine acciones y promueva el reconocimiento de este problema social. En esta línea, promoveremos los grupos de apoyo mutuo y las iniciativas comunitarias para la prevención de la soledad y aumentaremos la oferta de Centros de día y de cuidados de larga duración. ● Aprobaremos, en colaboración con las CCAA, un marco común de Atención Temprana como servicio preventivo de posibles trastornos del desarrollo en niños y niñas entre 0 y 6 años, en coherencia con la “Hoja de Ruta para la Mejora de la Atención Temprana en España” ya acordada en el Consejo Interterritorial de Sanidad y en el Consejo Territorial de Servicios Sociales. De esta manera, haremos efectivo el derecho subjetivo a la Atención Temprana ya reconocido por ley. Desarrollaremos asimismo un apoyo expreso a las familias con menores con Trastorno del Espectro del Autismo. ● Aprobaremos una Ley de Familias que reconozca y proteja a las diferentes modalidades de familias. Se impulsará el acogimiento familiar, en sus distintas modalidades, como medida prioritaria del sistema de protección a la infancia. ● Aprobaremos una Ley de Garantía de la Igualdad de Acceso a los Servicios Sociales, que declare estos servicios públicos como esenciales y promueva su universalización efectiva. Además, las ayudas de emergencia social estarán exceptuadas de la Ley de Subvenciones.

23


● Seguiremos incrementando progresivamente el IPREM a lo largo de la legislatura para facilitar el acceso de las familias más vulnerables a las distintas ayudas y subvenciones. ● Culminaremos la reforma del artículo 49 de la Constitución para suprimir el término “disminuidos” y reforzar la protección constitucional de los derechos de las personas con discapacidad.

Seguir mejorando nuestro sistema público de pensiones, con pensiones dignas y sostenibles ● Seguiremos garantizando

la sostenibilidad de las pensiones

y su

actualización conforme al IPC, para asegurar el poder adquisitivo de los pensionistas. ● Seguiremos aumentando durante la legislatura las pensiones mínimas y no contributivas por encima de la revalorización de las pensiones contributivas, hasta alcanzar la media europea. ● Para proteger los derechos de las mujeres, seguiremos progresando en la eliminación de la brecha de género de las pensiones, completando las lagunas de cotización para el cálculo de la pensión final e incluyendo nuevos mecanismos para reducir dicha brecha.

Sanidad pública con más servicios y sin listas de espera ● Blindaremos la universalidad de nuestro Sistema Nacional de Salud, culminando la aprobación en las Cortes de la Ley por la que se modifican diversas normas para consolidar la Equidad, Universalidad y Cohesión del Sistema Nacional de Salud, que ya aprobó el Consejo de Ministros. ● Impulsaremos un plan de choque para fortalecer la atención primaria en todo el Estado que permitirá a las CCAA aumentar plantillas,

mejorar

infraestructuras y modernizar el equipamiento de sus centros sanitarios.

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● Acabaremos con las listas de espera en la sanidad pública, estableciendo por ley unos tiempos máximos de espera en el SNS: 120 días para para intervenciones quirúrgicas, 60 días para consultas externas especializadas y 30 días para pruebas complementarias, con independencia del lugar de residencia. En el caso de la salud mental la garantía de tiempo máximo de espera será de un máximo de 15 días para jóvenes, adolescentes y menores de 21 años. ● Incrementaremos la cartera de servicios y prestaciones de la sanidad pública (salud

bucodental,

salud

visual,

salud

mental),

y

en

concreto,

garantizaremos el derecho a la salud de todos los niños, niñas y adolescentes mediante el acceso a servicios de atención a la salud bucodental y la salud mental, y audífonos. ● Propondremos un programa específico de ayuda directa para la compra de gafas y lentillas a menores de 18 años para familias con menos recursos. ● Aseguraremos el derecho a una salud mental universal, pública y de calidad. En el marco de un Pacto de Estado por la Salud Mental, pondremos especial foco en las personas jóvenes, con un refuerzo de la ratio de especialistas en salud mental y un plan de medidas específicas orientadas a prevenir el suicidio juvenil. ● Aumentaremos las plazas de sanitarios. Ampliaremos las plazas de formación de medicina, enfermería y psicología en las universidades públicas, y las plazas de MIR, EIR y PIR. Impulsaremos el cumplimiento de la ley de estabilidad del sector público para disminuir la temporalidad de los profesionales sanitarios. ● Seguiremos llevando a cabo la renovación de la tecnología sanitaria para que el Sistema Nacional de Salud sea referente en innovación tecnológica. ● Integraremos las necesidades de las enfermedades raras en la planificación global de la cobertura universal, garantizando el acceso a diagnóstico y tratamiento,

y apostaremos

por la medicina preventiva

indispensable para garantizar la salud

de nuestra

como vía

población y la

sostenibilidad del SNS.

25


● Desarrollaremos los instrumentos y políticas que garanticen el derecho a la alimentación saludable y sostenible, especialmente para la infancia y adolescencia, garantizando la protección de los menores frente a la publicidad de alimentos no saludables. ● Aprobaremos, en coordinación con las CCAA, una norma estatal para la mejora de la composición y calidad nutricional de los menús en los comedores escolares. La normativa, además, regulará la oferta en las máquinas vending y puntos de venta en centros educativos para que sea saludable.

Educación pública y de calidad para garantizar la igualdad de oportunidades ● Apostaremos por reforzar decididamente la educación pública avanzando en la financiación del sistema público, hasta lograr el 5% del PIB en inversión educativa, según lo previsto en la Ley Orgánica de Educación. ● Universalizaremos la educación de 0 a 3 años promoviendo su inclusión plena en el sistema educativo, así como el aumento progresivo de la oferta de escuelas infantiles públicas. Al final de la legislatura el acceso a la educación pública para niñas y niños de 2 años será universal. ● Ampliaremos las ayudas para comedor y la disponibilidad de actividades educativas extraescolares, así como el horario de apertura de los centros , en beneficio del alumnado, las familias y los docentes. ● Terminaremos de desarrollar una red pública suficiente de centros de formación profesional que garantice la cobertura de estos estudios, con particular hincapié en el desarrollo de la Formación Profesional Dual. ● Combatiremos la segregación escolar mediante la actualización de los módulos y de otros costes de funcionamiento de los centros concertados sostenidos con fondos públicos para asegurar que su oferta es accesible a todas las familias sin peajes ocultos o sesgos de cualquier tipo en la admisión, impidiendo la segregación educativa por razón de sexo en los centros sostenidos con fondos públicos.

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● Promoveremos una educación basada en la tolerancia y el laicismo. Con el fin de garantizar el principio de igualdad y la libre concurrencia, las calificaciones que se hubieran obtenido en la evaluación de las enseñanzas de religión seguirán sin computar en la obtención de la nota media a efectos de acceso a otros estudios ni en las convocatorias para la obtención de becas y ayudas al estudio en que deban entrar en concurrencia los expedientes académicos. ● Seguiremos abogando por una tolerancia cero ante el acoso. Reforzaremos los contenidos educativos orientados a la mejora de la convivencia, respeto a la diversidad y resolución pacífica de conflictos. Abordaremos con especial atención todos aquellos aspectos que, en colaboración con la comunidad escolar, especialmente las familias, organizaciones y municipios, permitan prevenir, detectar, abordar la homofobia, la transfobia, el machismo y la violencia de género, la xenofobia y la discriminación y atender a sus víctimas. ● Pondremos en marcha nuevas medidas para enfrentar los retos actuales, como el acoso y la violencia en el ámbito digital y de las redes sociales, especialmente en relación con las menores y las más jóvenes. ● Reforzaremos el Observatorio Estatal para la Convivencia con protocolos y medidas destinadas a prevenir y solventar los problemas de acoso escolar en cualquiera de sus manifestaciones, con las garantías para el alumno afectado y seguir impulsando estudios generales del estado de la convivencia en centros de educación primaria y secundaria, para realizar propuestas de mejora basadas en la evidencia científica. ● Impulsaremos, en colaboración con las Comunidades Autónomas, el Programa de gratuidad de libros de texto y ayudas para el material escolar. ● Promoveremos la bajada de las ratios de alumnos de los centros públicos del país y una atención más personalizada al alumnado. ● Mejoraremos las condiciones laborales de los docentes de educación primaria y secundaria, y facilitaremos su formación permanente, su desarrollo profesional y su estabilidad laboral.

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● En el ámbito universitario, incrementaremos nuevamente la dotación de becas y seguiremos reduciendo el precio de las tasas universitarias, tendiendo a la gratuidad. Además, revisaremos la normativa de becas actual para acelerar su tramitación y tender a que se ingresen al inicio del curso académico. ● Seguiremos avanzando en la reducción de la precariedad y temporalidad, y en la progresiva estabilización del profesorado universitario a través de las sucesivas Ofertas Públicas de Empleo, manteniéndose una tasa de reposición acorde a las necesidades de renovación de las plantillas.

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5. Garantizar el derecho a la vivienda y transporte de calidad para todos y todas

● Aumentaremos el parque público de vivienda para alquiler asequible a través de una decidida y ambiciosa política de inversión pública a medio y largo plazo, para elevar su peso hasta el 20% del parque total de vivienda, poniendo a los jóvenes en el centro del acceso a la vivienda. El parque de vivienda pública se constituirá mediante mecanismos de compra o alquiler de viviendas existentes, con viviendas de nueva construcción y movilizando la vivienda vacía. Para dicho objetivo, se contará también con la vivienda que actualmente es propiedad de la Sareb. Blindaremos el uso público y social de las viviendas financiadas con recursos públicos de forma permanente e irreversible. ● Desarrollaremos las medidas contempladas en la Ley por el Derecho a la Vivienda para la contención de los precios, incluyendo tanto los incentivos fiscales como los mecanismos de regulación de los alquileres. En concreto, se definirá con carácter inmediato el índice de precios de referencia que permitan identificar los municipios y distritos que se consideran zonas tensionadas, para impulsar la puesta en marcha de la regulación de los precios de los alquileres. ● Monitorizaremos los efectos de la Ley de vivienda y la evolución del mercado para garantizar que los incentivos fiscales, los mecanismos de regulación y los regímenes de tributación de las sociedades dedicadas al arrendamiento contribuyan de forma efectiva a hacer asequible el alquiler de vivienda y a la contención de los precios. ● Revisaremos la regulación de los alojamientos turísticos en zonas de mercado tensionadas. ● Habilitaremos un programa nacional de ayudas y subvenciones para la mejora de la accesibilidad, habitabilidad y eficiencia energética de las viviendas,

y

mejoraremos

la

implementación

y

ejecución

de las

subvenciones. La prioridad será la rehabilitación de viviendas para la eficiencia energética, con el objetivo de alcanzar 500.000 viviendas; se 29


priorizará a aquellas familias con hijos e hijas a cargo con menos ingresos. Se impulsará además la rehabilitación anual, como mínimo, del 5% de los edificios públicos. ● Aprobaremos un plan estratégico para el impulso de la vivienda rural en zonas de reto demográfico. ● Ampliaremos hasta la renta media (37.800€) el umbral para acceder a las medidas de apoyo a los afectados por la subida de tipos de interés de las hipotecas: ampliación de crédito hasta 7 años y congelación de cuota de 1 año. ● Adoptaremos, fruto del diálogo con las entidades financieras, mejoras aplicables a los préstamos hipotecarios, dirigidas a facilitar la amortización anticipada de los créditos, la reestructuración de los préstamos hipotecarios o la solicitud de la dación en pago. ● Haremos el mercado hipotecario más competitivo eliminando los obstáculos a la portabilidad real de hipotecas entre entidades, reforzando la supervisión tanto financiera como de competencia e impulsando la transparencia. ● Consolidaremos el Bono Alquiler Joven como elemento esencial para facilitar el acceso al alquiler asequible, y que se convierta en una medida a largo plazo, ampliando la financiación, para llegar a toda la población joven. ● Desarrollaremos y aplicaremos la nueva línea de avales del Instituto de Crédito Oficial (ICO) de 2.500 millones de euros para ayudar a los jóvenes menores de 35 años el sistema de avales del 20% de la hipoteca para la compra de la primera vivienda habitual para jóvenes con el objetivo de posibilitar la adquisición de unas 50.000 viviendas. ● Trabajaremos para erradicar el sinhogarismo de calle en 2030, desarrollando el Acuerdo Marco e impulsando la Estrategia Nacional para la lucha contra el sinhogarismo en España 2023-2030. ● Se impulsarán las medidas necesarias para garantizar los mecanismos de protección contemplados en la disposición final quinta de la Ley por el Derecho a la Vivienda en materia de desahucios y lanzamientos. En concreto,

impulsaremos

actuaciones

para asegurar

que,

una

vez 30


comunicada de oficio por el Juzgado la existencia del procedimiento a las Administraciones autonómicas y locales competentes y verificada la situación de vulnerabilidad, se presente al Juzgado propuesta de alternativa de vivienda digna en alquiler social a proporcionar por la Administración competente para ello y propuesta de medidas de atención inmediata a adoptar igualmente por la Administración competente, así como de las posibles ayudas económicas y subvenciones de las que pueda ser beneficiaria la parte demandada. ● Aplicaremos los recursos de los planes estatales en materia de vivienda, y crearemos mecanismos para garantizar el derecho a una vivienda digna, adecuada y asequible. Impulsaremos un registro de viviendas vacías a partir de la definición e información publicada por el INE en el Censo de Población y Vivienda 2021, y en coordinación con las comunidades autónomas y los ayuntamientos. ● Continuaremos apostando por la movilidad sostenible y el transporte público,

garantizando que sea asequible para las personas que más lo necesitan. Mantendremos para todos los ciudadanos la reducción del precio de los abonos de transporte durante 2024, y transformaremos más adelante esta medida en una política de transporte permanente para determinados colectivos, con la cofinanciación de las Comunidades Autónomas y la administración local. ● Facilitaremos el acceso al vehículo eléctrico. Para ello simplificaremos las

ayudas a la compra, las haremos más progresivas e impulsaremos una red de puntos de recarga con criterios sociales y territoriales. ● Aprobaremos una Ley de infraestructuras mallar para que las redes de

comunicación de nuestro país se desplieguen de forma mallar por todo el territorio y no de forma radial. ● Impulsaremos el transporte ferroviario asegurando la conectividad en todo el

territorio, consolidándolo como una alternativa más eficiente y menos contaminante. Se promoverá un sistema de transporte de mercancías sostenible, utilizando centrales únicas de rotura de carga y el desarrollo de corredores ferroviarios conectados con puertos y centros logísticos. 31


● Tal y como han hecho otros países de nuestro entorno, impulsaremos la

reducción de los vuelos domésticos en aquellas rutas en las que exista una alternativa ferroviaria con una duración menor de 2 horas y media, salvo en casos

de conexión

con

aeropuertos-hub

que

enlacen

con rutas

internacionales. ● Ampliaremos la financiación y aceleraremos la ejecución del Corredor

Mediterráneo dando un especial impulso a la conexión Bobadilla- Algeciras por su componente estratégico también para el Corredor Atlántico, y del Corredor Sagunto-Zaragoza-Bilbao, como ejes ferroviarios prioritarios para la conexión ferroviaria valenciana. ● Volveremos a abrir la línea Zaragoza-Canfranc-Pau, e impulsaremos el

corredor Cantábrico-Mediterráneo. ● Ampliaremos y modernizaremos la red de Cercanías valenciana, y la línea

Alicante-Murcia

y conectaremos el Aeropuerto Alicante-Elche

Miguel

Hernández con las ciudades de Elche y Alicante. ● Implantaremos una experiencia piloto de Obligación de Servicio Público

aérea entre Menorca y Barcelona y, si los resultados son exitosos, ampliaremos la iniciativa a las conexiones de Ibiza y Menorca con Madrid, Barcelona y Valencia.

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6. España, un referente feminista

● Reforzaremos nuestro compromiso de lucha contra las violencias machistas, asegurando una dotación suficiente para garantizar la prevención, reforzar la atención, protección y reparación a las víctimas, incluyendo alternativas habitacionales,

planes

de

inserción

sociolaboral

y

programas

de

acompañamiento, continuando con el despliegue de las políticas contra todas las formas de violencia. ● Renovaremos y blindaremos el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, para reforzar su eficacia y abordar de manera integral las formas de violencia no suficientemente reguladas en la actualidad (la trata con fines de explotación sexual, el acoso sexual, el acoso laboral por razón de sexo, los ciberdelitos o la violencia vicaria). ● Estas formas de violencia, no abordadas suficientemente en la actualidad, se trabajarán desde una perspectiva integral, siguiendo la metodología que se ha empleado en la lucha contra violencia de género. Se incorporarán al sistema VioGén garantizando la trazabilidad de la serie histórica, y se tendrán además en cuenta a los organismos especializados, nacionales e internacionales, para mejorar los instrumentos de medición y monitoreo, así como la comprensión del problema. Se garantizará la coordinación entre las administraciones competentes. ● Fomentaremos los servicios de atención integral a las mujeres en los centros de salud y en los centros de servicios sociales que deben utilizarse como espacios de cribado universal para los casos de violencia de género, convirtiéndolos en lugares de detección precoz de la violencia contra las mujeres, con recursos específicos para la derivación y coordinación de los circuitos de atención, y que eviten la victimización secundaria. ● Ampliaremos y crearemos donde no existan Unidades de Valoración Forense y Juzgados especializados en Violencia contra la Mujer en todo el territorio nacional para fortalecer el sistema de respuesta judicial a las mujeres víctimas. 33


● Se establecerán medidas para prevenir y perseguir la ciber-violencia en cualquiera de sus formas. ● Tramitaremos una ley integral contra la trata de personas que cubra todas y cada una de las distintas formas de trata, con especial atención a las que afectan principalmente a las mujeres. ● Trabajaremos para conformar una mayoría parlamentaria para impulsar una Ley de Cuidados en coherencia con la Estrategia Europea de Cuidados. ● Se prestará especial atención a las medidas destinadas a prevenir y eliminar la violencia y el acoso en el trabajo, incluidos los protocolos contra el acoso, dando cumplimiento al Estatuto de los Trabajadores, a la Ley Orgánica 3/2007, del 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, y al convenio 190 de la OIT. ● Trabajaremos por seguir eliminando las barreras que impiden que las mujeres puedan acceder, permanecer, progresar y ser remuneradas igual que los hombres en el ámbito laboral, acabando así con la brecha salarial de género. ● Reforzaremos los medios para garantizar una aplicación efectiva de la Ley de Libertad Sexual reforzando el funcionamiento de los centros de crisis y la calidad de los servicios ofrecidos, y se creará un protocolo de actuación a seguir en los hospitales para la custodia de la prueba y la puesta en conocimiento del juzgado de aquellos casos de mujeres que hayan podido ser víctimas de la denominada “sumisión química”. ● Impulsaremos

la paridad en los ámbitos políticos, administrativos y

empresariales, aprobando la Ley de representación paritaria y presencia equilibrada de mujeres y hombres. ● Blindaremos los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, garantizando a través de la Alta Inspección el acceso efectivo al derecho al aborto desde los servicios públicos de salud en todo el territorio y en condiciones de igualdad y proximidad.

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● Se promoverá el acceso a técnicas de reproducción asistida financiadas por el sector público para mujeres, asegurando la no discriminación de mujeres lesbianas o sin pareja. ● Apoyaremos a las familias monoparentales, compuestas mayoritariamente por mujeres. Para ello, se desarrollarán medidas de apoyo para reducir la feminización de la pobreza, así como para equiparar en derechos a estas familias, especialmente en el ámbito de los cuidados. Concretamente, garantizaremos para las familias monoparentales con 2 o más hijos/as el mismo nivel de protección social del que hoy gozan las familias numerosas. ● Trabajaremos para garantizar que la construcción del conocimiento se hace sin sesgos de género.

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7. Una España diversa y plural, con más derechos y más libertades

● Aprobaremos una Ley contra el Racismo, en sintonía con el Plan de Acción de la Unión Europea Antirracismo 2020-2025, cuyo objetivo sea prevenir y, en su caso, denunciar, sancionar y reparar la intolerancia y la discriminación racial, en aras del fomento de la igualdad y la convivencia social. ● Revisaremos la Ley 19/2007, de 11 de julio, contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte para fortalecer la prevención de esos fenómenos. ● Impulsaremos un pacto de Estado a favor de los derechos de las personas LGTBI+ y para la erradicación de los discursos de odio y discriminación. ● Favoreceremos el reconocimiento, el respeto y el trato legal y social en condiciones de igualdad de los diversos modelos de familia y convivencia que existen en nuestro país, asegurándonos de que son iguales en derechos, particularmente en los procesos de adopción. ● Trabajaremos para conseguir la completa erradicación de las mal llamadas “terapias de conversión”, tal y como se establece en la Ley 4/2023. ● Trabajaremos para garantizar que el trabajo sea un espacio libre de acoso o discriminación por orientación sexual, expresión o identidad de género y características sexuales.

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8. Una Fiscalidad justa y adaptada a los retos del presente

Dando continuidad a las primeras medidas desplegadas en la anterior legislatura y a los trabajos de la Comisión de Personas Expertas, impulsaremos una reforma global del sistema fiscal español para mejorar su progresividad y acortar la brecha de ingresos sobre el PIB respecto a la media europea (46% del PIB) al final de la legislatura. Dicha reforma estará orientada a lograr que contribuyan más quienes hoy se esfuerzan menos (grandes empresas y patrimonios y rentas del capital, principalmente) y quienes incumplen con sus obligaciones tributarias.

● Esto permitirá desarrollar una política fiscal justa e inteligente, capaz de hacer frente a los retos de una economía globalizada, marcada por la digitalización, la transición verde y la lucha contra el fraude. Una fiscalidad eficaz que permita financiar servicios públicos y prestaciones sociales de calidad para el conjunto de la ciudadanía, que reduzca la desigualdad y la pobreza, que ayude a los colectivos vulnerables y a la clase media y trabajadora, que incentive las grandes transformaciones del modelo productivo, y que avance en progresividad, tal y como establece la Constitución. ● Esta reforma asegurará que se alcanza el 15% efectivo de tributación sobre el resultado contable de las grandes empresas en el impuesto de sociedades en los términos acordados a nivel global y en la UE, la mejora de la progresividad en el IRPF, un trato más igualitario de la tributación de las rentas del capital y del trabajo en este impuesto. ● Desarrollaremos una reforma fiscal orientada a las familias y coordinada con la política de gasto social. Para ello mejoraremos los incentivos por hijo y por dependencia y cuidados tanto en el IRPF como en las políticas de gasto. ● Impulsaremos

una mejora de la fiscalidad de autónomos y pymes,

aumentando los incentivos para impulsar su apuesta por la transición ecológica y digital.

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● Promoveremos

un Pacto de Estado contra

el Fraude Fiscal que

consensuaremos con todas las fuerzas políticas, agentes sociales y profesionales del ámbito fiscal un plan de acción contra el fraude, la evasión y la elusión fiscal, y continuaremos reforzando y modernizando los recursos y la plantilla de la Agencia Tributaria. ● Seguiremos trabajando por el afloramiento y regularización de la economía sumergida. En línea con las mejoras de estos años, reforzaremos los mecanismos para la regularización de la economía sumergida y la lucha contra el fraude, para así tener un sistema fiscal más sólido y justo, eliminando las ventajas competitivas de los que abusan del sistema. ● Continuaremos auspiciando, a nivel internacional y en la Unión Europea, el establecimiento de una tributación mínima suficiente en el Impuesto sobre Sociedades y una justa distribución de la recaudación entre los países en los que operan los grupos transnacionales. Del mismo modo promoveremos la adopción de medidas para evitar la elusión y la evasión fiscales que realizan los grandes grupos económicos y los grandes patrimonios. ● Revisaremos los gravámenes sobre la banca y las empresas energéticas con el objetivo de readaptarlos y mantenerlos una vez que expire su periodo de aplicación actual,.para que ambos sectores sigan contribuyendo a la justicia fiscal y al sostenimiento del Estado de bienestar. ● Evaluaremos los resultados del Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas con el objetivo de avanzar hacia una nueva tributación de la riqueza en el marco del modelo de financiación autonómica para acabar con la competencia fiscal desleal entre territorios. ● Avanzaremos en la fiscalidad verde para impulsar la transición energética y la descarbonización de la economía, contribuyendo al compromiso de nuestro país con la emergencia climática y con el futuro de nuestros jóvenes. Una fiscalidad verde que seguirá la premisa de “quien contamina paga”, pero evitando “que el que pueda pagar siga contaminando”,

y que irá

acompañada de medidas compensatorias, bien en la imposición directa o bien en las políticas de gasto, para incentivar los cambios necesarios entre las clases media y trabajadora, teniendo siempre en cuenta sus efectos 38


distributivos, y estableciendo mecanismos de compensación. Del mismo modo, evaluaremos los incentivos en vigor para impulsar la eficiencia energética, la sostenibilidad medioambiental y la economía circular. ● Desarrollaremos un Plan de Fiscalidad Saludable para convertir las políticas fiscales en un activo para la salud, especialmente sobre aquellas conductas que son causa de la obesidad infantil. ● Culminaremos la tramitación de la nueva Ley de Apoyo al mecenazgo para que estas actividades constituyan un apoyo real a los sectores de la cultura, el patrimonio y la innovación social. ● Impulsaremos una herramienta personalizada para que cada español sepa exactamente a qué se destinan los impuestos que paga, y así la ciudadanía pueda juzgar por sí misma la importancia de los impuestos para sostener el estado de bienestar.

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9. Una administración más ágil y una política territorial más justa y eficaz

Modelo territorial ● Impulsaremos un nuevo modelo de financiación autonómica que garantice los recursos necesarios para que la ciudadanía disfrute de servicios públicos de calidad. Un modelo basado en los principios de equidad, solidaridad, autonomía financiera, corresponsabilidad fiscal, suficiencia financiera y lealtad institucional para garantizar la igualdad de acceso de la ciudadanía a los servicios públicos, y que corrija la infrafinanciación de determinadas Comunidades Autónomas. Mientras esta reforma no se produzca, en los Presupuestos Generales del Estado se garantizará a la Generalitat Valenciana y al resto de Comunidades Autónomas infrafinanciadas la prestación de los servicios públicos al mismo nivel que el resto del Estado. ● Reformaremos en paralelo la ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, estableciendo un marco competencial y financiero que garantice el principio de suficiencia financiera de forma que se asegure la prestación de unos servicios públicos de calidad por los municipios. Aprobaremos asimismo una Ley de Régimen Local que refuerce la autonomía local, con unas competencias definidas de los entes locales para que se puedan desarrollar las políticas públicas con garantías de calidad y transparencia. ● Reforzaremos y extenderemos la co-gobernanza desde el diálogo, la lealtad institucional y la colaboración territorial.

Administración Pública ● Continuaremos modernizando la administración pública para responder a las necesidades y expectativas de la ciudadanía en relación a unos servicios públicos de calidad, cercanos, accesibles y eficaces. Implantaremos un

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nuevo modelo de atención presencial a la ciudadanía sin cita previa obligatoria, garantizando unos horarios flexibles, y asegurando que la digitalización de los trámites administrativos no genere exclusión de colectivos. ● Garantizaremos por ley un tiempo máximo de respuesta en los servicios públicos y estableceremos un tiempo máximo de 30 días para la recepción de prestaciones sociales más importantes como la prestación por desempleo o a las ayudas a la dependencia. Con ello, los servicios públicos se legitiman ante la ciudadanía y se orientan hacia la gestión por objetivos. ● Aceleraremos la digitalización de las Administraciones Públicas y haremos más fácil el acceso digital a todos sus servicios. Apostaremos, en particular, por la informatización y optimización de los juzgados. Es imprescindible el despliegue de nuevas herramientas tecnológicas como el expediente judicial electrónico accesible. Seguiremos mejorando asimismo la interoperabilidad entre Comunidades Autónomas en materia de sanidad (acceso compartido a historiales de salud y video consulta). Fomentaremos soluciones de software libre para que pequeños municipios y la ciudadanía pueda realizar el proceso del padrón de forma online. ● Aprobaremos la Ley de Función Pública de la Administración del Estado, ya acordada con los sindicatos. Su objetivo será reforzar el papel de liderazgo de la Administración ante los retos de la sociedad, profundizando en la modernización de los servicios públicos e implantando un modelo de recursos humanos basado en la planificación, la fijación de objetivos, la evaluación

del

desempeño

y

en

competencias.

Esta

nueva

ley

busca favorecer la atracción y retención del talento, mediante la articulación de una carrera profesional que asegure la igualdad entre mujeres y hombres. ● Impulsaremos el puesto de trabajo digital, que conllevará la capacitación de nuestros profesionales, la organización del trabajo por objetivos, el teletrabajo, la evaluación y el derecho a la desconexión digital de las empleadas y empleados públicos. ● Culminaremos el proceso de estabilización de empleo temporal en las administraciones para consolidar un modelo de empleo público estable y de 41


calidad, dando cumplimiento a la ley que establece un porcentaje máximo de temporalidad del 8% para el conjunto de los empleados de las Administraciones Públicas. ● Regularemos Ofertas de Empleo Público plurianuales para dotar a las Administraciones Públicas de instrumentos de planificación que permitan incorporar efectivos suficientes; y garantizaremos el derecho al desarrollo profesional del personal público, dotándolo de una verdadera carrera profesional vertical y horizontal. ● Profundizaremos en la evaluación de las políticas públicas, en la rendición de cuentas y en los mecanismos de transparencia. ● Impulsaremos la simplificación y agilización de los procedimientos de contratación administrativa, potenciando la utilización de aquellos que garantizan una mayor rapidez en los procesos de convocatoria y adjudicación de los contratos públicos. Se trata, con ello, de reducir y/o suprimir elementos de complejidad burocrática, con la correspondiente reforma normativa si fuera necesaria, sin merma de las garantías y siempre en un marco orientado al objetivo de “corrupción cero”. ● Estableceremos un sistema de garantías de pago a las empresas adjudicatarias de contratos con el sector público. Para ello, promoveremos los instrumentos financieros que permitan reducir los tiempos de pago. ● Reforzaremos la lucha contra la morosidad para asegurar el estricto cumplimiento de los plazos legales de pago en toda la cadena de producción, especialmente mediante actuaciones dirigidas a mejorar la protección de los trabajadores y trabajadoras de las subcontratas, evitando que en los contratos adjudicados por el sector público a grandes empresas se produzcan situaciones de impago de salarios tanto a las PYMES como a las personas autónomas subcontratadas.

Democracia y justicia ● Garantizaremos el cumplimiento de la Constitución en lo referente a la renovación de órganos constitucionales, especialmente el Consejo General 42


del Poder Judicial, impidiendo que la deslealtad constitucional de algunos actores políticos afecte al prestigio y a la salud de las instituciones públicas. ● Desarrollaremos la Ley de Memoria Democrática e impulsaremos las exhumaciones, culminando la resignificación de Cuelgamuros y avanzando en el reconocimiento del exilio republicano y de los lugares de memoria. ● Impulsaremos una ley de “bebés robados” que garantice verdad, justicia y reparación para todas las víctimas y familias, permitiendo el acceso a los archivos, documentos públicos y privados y garantizando que todas las víctimas reciban reparación integral. ● Apoyaremos el reconocimiento y la reparación de la represión sufrida por las mujeres y las personas LTGTBI+ durante el franquismo. ● Fortaleceremos la ciberseguridad y mejoraremos las condiciones laborales de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, ampliando sus infraestructuras, medios y formación. ● Reformaremos, y derogaremos, aquellos aspectos de la normativa vigente que limita los derechos de reunión y libertad de expresión (la «ley mordaza» y el Código Penal). En concreto, garantizaremos el ejercicio del derecho a la libertad de expresión y reunión pacífica. Introduciremos un sistema de sanciones restaurativas y reparadoras, que contemple la capacidad económica de los sancionados. Esta nueva legislación estará basada en una concepción progresista y garantista de la seguridad ciudadana y jurídica, y priorizará la garantía de derechos y la protección de la ciudadanía, y en particular regulará, entre otros, el derecho de reunión y manifestación, la identificación y registro corporal, la utilización de técnicas preventivas y disuasorias, así como la identificación de los agentes. Garantizará asimismo la libertad de información y la transparencia informativa. ● Garantizaremos el acceso equitativo a la justicia, dotándola de más medios y recursos. Además, mejoraremos la agilidad del sistema a través de la digitalización, e impulsaremos una reforma procesal de calado que agilice los procedimientos y la reforma del Ministerio Fiscal para homologar nuestro sistema de justicia al de los países de nuestro entorno.

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● Reforzaremos la justicia gratuita y el turno de oficio como servicios públicos esenciales, mejorando los mecanismos de información a la ciudadanía sobre el derecho a la asistencia jurídica gratuita y los requisitos y las condiciones de la prestación. ● Impulsaremos la mediación y un enfoque de justicia restaurativa como instrumento de calidad para la resolución de conflictos y el alcance de acuerdos, con las oportunas garantías procesales. ● Propondremos un nuevo modelo de acceso, formación, especialización y promoción de jueces y fiscales, desarrollando un sistema de becas públicas, ayudas y compensaciones para preparar el acceso al empleo público en la justicia, con el objeto de garantizar la igualdad de oportunidades.

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10. Cultura para crecer en democracia

● Daremos cumplimiento al reconocimiento constitucional de la libertad de

expresión, producción y creación literaria, artística, científica y técnica como derechos y libertades fundamentales. Garantizaremos el derecho a la cultura de todas las personas y en todos los territorios a través de una Ley de Derechos Culturales y el mantenimiento del Bono Cultural Joven. ● Retomaremos el impulso a la reforma de la Ley del cine para fomentar y consolidar un sector audiovisual y cinematográfico sólido y diverso; capaz de potenciar la creatividad y de atender a los retos del presente y adaptarse a un futuro cambiante, creando además un órgano de diálogo y encuentro con el sector audiovisual que permita la participación de todos los agentes públicos y privados implicados. Garantizaremos además la dotación del Fondo de Protección a la Cinematografía. ● Igualmente, impulsaremos nuevamente la Ley por la que se regulan las enseñanzas

artísticas superiores y se establece la organización y

equivalencias de las enseñanzas artísticas profesionales, y la Ley de creación de la Oficina Española de Derechos de Autor y Conexos. ● Reformaremos el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM), para modernizarlo y mejorar su gestión, potenciando la labor de difusión nacional e internacional de las artes escénicas y musicales. ● Seguiremos avanzando en la agenda legislativa del Estatuto del Artista, en los términos que propone el Informe de la Subcomisión para la elaboración de un Estatuto del Artista. ● Promoveremos un acuerdo entre los ámbitos institucionales de la cultura y la educación, para desarrollar estrategias y medidas recíprocas para ampliar la presencia del arte, la cultura y la creatividad tanto en la educación reglada como en la no formal.

45


● Desarrollaremos un Plan de Infraestructuras

Digitales Públicas para

garantizar el acceso, el alojamiento, la distribución y la protección de obras en el ámbito digital. ● Crearemos programas específicos de difusión, programación y divulgación cultural en las zonas rurales, especialmente el refuerzo al fomento de la lectura, la programación de artes escénicas mediante proyectos y producciones de sitios pequeños para que puedan girar por sus zonas colindantes e incluso por el territorio. ● Garantizaremos las salidas laborales para deportistas de alto rendimiento en España, y la adecuada regulación de los profesionales del sector mediante una reglamentación estatal que garantice la protección de la salud ciudadana y la calidad de los servicios deportivos. ● Promoveremos la educación física y el deporte entre toda la población, reforzando la educación física en la enseñanza educativa obligatoria para generar hábitos de vida contra el sedentarismo. Además, promoveremos la apertura

de las instalaciones deportivas en los centros de enseñanza y

polideportivos en tardes y fines de semana a través de la colaboración con ayuntamientos, clubes, federaciones deportivas y tercer sector. ● Seguiremos trabajando para lograr la igualdad de género efectiva en el deporte garantizando la presencia del deporte femenino en la carta de servicios de la radio y televisión públicas y el adecuado tratamiento informativo (sin estereotipos de género) en los medios de comunicación. Además, se promoverán medidas de ayuda a la conciliación de las mujeres deportistas profesionales y a otros niveles y se desarrollarán programas de formación en prevención de acoso y abusos sexuales en clubes y federaciones deportivas.

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11. Una España abierta al mundo y con voz propia en el escenario internacional

● Impulsaremos una Unión Europea que trabaje por la prosperidad y el bienestar de sus ciudadanos, los derechos humanos, las libertades fundamentales y la protección de todas las personas. ● Abogaremos por una mejor gobernanza económica en la Unión Europea al servicio de las personas con una reforma ambiciosa del Pacto de Estabilidad y Crecimiento y con un nuevo impulso al Pilar Social Europeo. ● Trabajaremos para reforzar los recursos propios de la UE y su capacidad para implementar la estabilización y desarrollo sostenible de los Estados Miembros con el fin de promover, en el marco de unas cuentas públicas sostenibles, entre otras, inversiones transformadoras que permitan asumir los retos de descarbonización y transición energética y digital que tienen nuestras economías. ● Abogaremos por introducir el Procedimiento de Equilibrio Social en la gobernanza de la UE, con el objetivo de mejorar la coordinación entre Estados Miembros y lograr una mayor convergencia social entre ellos. ● Impulsaremos una política fiscal europea que ponga fin a los paraísos fiscales. ● Trabajaremos en favor de un nuevo Pacto de Migración y Asilo, que esté en línea con los valores de dignidad humana y solidaridad establecidos en nuestros Tratados. ● Impulsaremos

un Pacto Verde Europeo con objetivos ambiciosos y

renovados, reforzando los instrumentos del pacto actualmente existente, como el Fondo de Transición Justa o el Fondo Social para el Clima. ● Seguiremos trabajando por el cumplimiento de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. ● Impulsaremos en el ámbito internacional una Carta Global de Derechos Laborales, y auspiciaremos la integración de los principios fundamentales de

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la Organización Internacional del Trabajo en los acuerdos comerciales globales. ● Fortaleceremos nuestro compromiso con la cooperación internacional, por un mundo

más próspero, justo

y estable. Avanzaremos

hacia el

cumplimiento del objetivo de alcanzar el 0,7% del Producto Nacional Bruto en Ayuda Oficial al Desarrollo en 2030. ● Defenderemos el apoyo y la solidaridad integral con Ucrania en respuesta a la injustificada agresión rusa y el fortalecimiento de la vía diplomática para lograr una paz justa y duradera alineada con las aspiraciones del pueblo ucraniano y con los principios de las resoluciones de la Asamblea General y de la Carta de las Naciones Unidas, particularmente el respeto a la soberanía y la integridad territorial de los Estados. ● Promoveremos la Autonomía Estratégica Abierta de la UE y una mayor coordinación entre sus Estados Miembros en materia de seguridad, para combatir amenazas como el terrorismo internacional, los ciberataques, la desinformación, y crecientes conflictos bélicos en nuestra vecindad. ● Reformaremos y modernizaremos el servicio exterior español y crearemos

un sistema de becas en la carrera diplomática para garantizar un acceso justo y equitativo a las posibilidades de entrada. ● Trabajaremos en colaboración con las instituciones de Bruselas para que se

produzca el reconocimiento efectivo de la insularidad de las Islas Baleares por parte de la Unión Europea. ● El Gobierno de España trabajará activamente para favorecer las vías

diplomáticas que permitan avanzar hacia la paz en Oriente Medio y entre Israel y Palestina, en el marco de las resoluciones de las Naciones Unidas y garantizando el respecto al derecho internacional. Apostaremos por el reconocimiento del Estado palestino conformemente a la Resolución del Congreso de los Diputados de 18 de noviembre de 2014.

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