Después de más de 40 años de la guerra contra las drogas ni el consumo ni la oferta de drogas han bajado, a pesar de haber gastado más de un millón de millones de dólares y haber encarcelado a millones de personas por delitos no violentos de drogas. Los resultados de estas políticas han sido miles de familias divididas, vidas destrozadas y personas muertas por la violencia, la cárcel, la sobredosis y las enfermedades prevenibles en todo el hemisferio.

 

Latinos y latinas – y en particular comunidades migrantes – sufren desproporcionadamente las consecuencias de la guerra contra las drogas en los EE.UU., principalmente en la aplicación racista de las leyes antidrogas. El gobierno estadounidense deporta más de 40.000 migrantes por delitos no violentos de drogas cada año, y aunque los latinos representan el 17% de la población estadounidense, son más de 24% de las personas en las prisiones estatales por posesión de drogas. Mientras tanto, la guerra contra las drogas ha generado niveles sumamente altos de violencia, crimen, corrupción y violaciones a los derechos humanos en México, Centroamérica y otras partes de América Latina y el Caribe. En México, más de 100.000 personas han sido asesinadas, 25.000 han sido desaparecidas, y 250.000 han sido desplazadas durante los últimos siete años como resultado de la guerra contra las drogas. 

Necesitamos políticas de drogas que nos muevan desde perspectivas de castigo y criminalización hacia nuevas perspectivas orientadas a la salud. Esto comienza con discutir alternativas a la prohibición, incluyendo varias formas de despenalización y regulación, para crear soluciones que reduzcan tanto los daños debido al abuso de las drogas como también aquellos causados por la prohibición de éstas. La guerra contra las drogas gasta miles de millones de dólares cada año, sin ningún resultado; este es dinero que deberíamos invertir en la salud, la educación y la seguridad de nuestras comunidades.