Diversidad sexual en Puerto Rico

La Diversidad sexual en Puerto Rico actualmente cuenta casi con las mismas protecciones que la personas heterosexuales. En los últimos años en el país caribeño que es un Estado Libre Asociado de los Estados Unidos, aumentó la discusión pública y debates de cuestiones sobre orientación sexual e identidad de género, lo que ha permitido ha que haya debates legales. Las relaciones homosexuales estuvieron penalizadas hasta 2004 cuando entró en vigor el nuevo Código Penal. Previamente en 2003, la Corte Suprema de los Estados Unidos, cuyas decisiones también aplican en el territorio, había declarado inconstitucionales las leyes estatales que penalizaban la sodomía.

Actualmente las parejas del mismo sexo en el país, gozan derechos al matrimonio igualitario desde 2015. Aunque todavía existe opinión de oposición pública debido, que en gran parte, por la fuerte influencia de la Iglesia Católica y las iglesias evangélicas, entre ellas las sociedades más conservadoras. Si bien, Puerto Rico tiene una gran influencia en los derechos legales de la población LGBT.

Historia

En 1973, la Comunidad del Orgullo Gay, fue la primera organización de derechos de las personas homosexuales en Puerto Rico. En 1991, también se formó la Coalición Puertorriqueña de Gays y Lesbianas. Ese mismo año, se organizó uno de los primeros desfiles del orgullo LGBT en Puerto Rico, y los eventos posteriores ocurren cada año en San Juan y Cabo Rojo.

Entre la década de los años 1990 y 2008, surgieron varios grupos comunitarios de la probación LGBT, ya que hubo más discusión pública sobre la orientación sexual, la identidad de género, los derechos humanos y la pandemia del VIH-SIDA. Hoy en día, existen numerosas organizaciones de derechos LGBT y clubes nocturnos puertorriqueños, y la mayoría de las organizaciones LGBTQ tienen su sede en San Juan, Cabo Rojo y Vieques por sus alrededores.^[1]​

El 6 de noviembre de 2012, el candidato del Partido Popular Democrático, Pedro Peters Maldonado, se convirtió en el primer político abiertamente declarado gay y ser elegido para un cargo público en la historia de la isla, cuando ganó un escaño en el ayuntamiento de la ciudad de San Juan.

Justin Santiago, un hombre trans puertorriqueño de Barranquitas, fue la primera persona de Puerto Rico que cambió su nombre y de género en su acta de nacimiento y que vivió como un hombre trans. En su juventud, Santiago se había visto obligado por asistir a sesiones de terapia de conversión, una práctica pseudocientífica que pretende cambiar las ideas de las personas LGBT. Posteriormente, Santiago abogó por la prohibición de la terapia de conversión que el exgobernador Ricardo Rosselló lo promulgó en 2019.^[2]​

Los Partidos políticos

Los partidos políticos como el Partido Popular Democrático y el Partido Nuevo Progresista, son los dos principales más influyentes de la isla, en la que incluyen tanto partidarios como opositores de los derechos de la comunidad LGBT. Fue demostrado por la más recientemente votación de la Cámara de Representantes el 11 de noviembre de 2009, aprobando por el Proyecto de Ley 1725 (que prohíbe la discriminación por motivos de orientación sexual). El proyecto de ley fue aprobado por una votación de 43 a 6, con la mayoría de los representantes de ambos partidos votando a favor. Los seis representantes que votaron en contra del proyecto de ley se dividieron por igual entre ambos partidos. Bajo la administración de Ricardo Rosselló la mansión del Gobernador por primera vez en la historia se iluminó con los colores del arcoíris en apoyo a la comunidad LGBTQ.^[3]​

El Partido Independentista Puertorriqueño, que es miembro del Socialismo Internacional y que está registrado como partidario de los plenos derechos de los ciudadanos LGBT. Otros grupos más pequeños de izquierda que se han expresado a favor de la independencia, también tienen constancia de apoyar los derechos LGBT. Sin embargo, no han propuesto mucha legislación sobre el avance de estos temas. En las elecciones generales de Puerto Rico de 2012 , todos los partidos recientemente fundados por el Movimiento Unión Soberanista, el Partido Puertorriqueños por Puerto Rico y el Partido del Pueblo Trabajador de Puerto Rico, apoyaron el matrimonio entre personas del mismo sexo y demandaron en prohibir la discriminación basada por orientación sexual e identidad de género.^[4]​

Donación de Sangre y servicio militar

Desde el mes de abril de 2020, los hombres homosexuales y bisexuales de los Estados Unidos pueden donar sangre, solo después de un período de aplazamiento de 3 meses.^[5]​

También pueden servir sin toda forma de discriminación en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos principalmente.

Matrimonio gay alcanza legalidad

En una decisión (5-4) el Tribunal Supremo de EE. UU determinó el 26 de junio de 2015 que es inconstitucional prohibir el matrimonio gay, lo que obligaría al Gobierno de Puerto Rico a iniciar los procedimientos para reconocerlo.^[6]​ La mayoría de los jueces del máximo foro judicial americano decidió que impedir el matrimonio entre personas del mismo sexo, como ocurre en trece estados y en Puerto Rico, es una violación de la decimocuarta enmienda de la Constitución federal, que mantiene que todo ciudadano debe recibir igual protección de las leyes.

La determinación del Supremo federal, aunque se basó en casos de Míchigan, Kentucky, Ohio y Tenesí,^[7]​ tiene el efecto de invalidar el artículo 68^[8]​ del Código de Civil de Puerto Rico, que ha definido el matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer, y prohibido expresamente el reconocimiento del matrimonio entre personas del mismo sexo.

La mayoría de los jueces, incluyendo a la puertorriqueña Sonia Sotomayor, determinó que el matrimonio es un derecho fundamental.

Desde la Fortaleza en San Juan, el gobernador Alejandro García Padilla afirmó que “el reconocimiento del derecho al matrimonio fortalece las libertades de todos y todas. Celebremos la igualdad ante la ley”. A través de una orden ejecutiva, el primer ejecutivo estableció que se deben identificar y revisar todos los programas, estatutos, regulaciones y políticas de las agencias, de forma tal que los derechos del matrimonio se apliquen uniformemente a todo matrimonio, independientemente del género o sexo de quienes lo compongan.^[9]​

Referencias