1. ¿Has escuchado, visto o leído que el gobierno de Pablo Salazar se "robó" 11 mil millones de pesos de la reconstrucción?
Dicha afirmación es una infamia. Es una campaña negativa motivada por intereses políticos y es utilizada para llenar los espacios en los medios de comunicación con el objetivo de apartar la atención de las graves cosas que ocurren en Chiapas. Con ello, pretenden ocultar las ineficiencias del gobierno de Juan Sabines.
La verdad, que han deseado sepultar con torrentes de tinta pagada durante cuatro años, es que el gobierno de Chiapas jamás tuvo 11 mil millones de pesos en su poder y a su disposición.
Los recursos para la reconstrucción tuvieron su origen en: Gobierno federal: 7 mil 998 millones de pesos, Gobierno de Chiapas: 2 mil 956 millones de pesos, Donaciones civiles: 61 millones de pesos
Esto hace un monto total de 11 mil 015 millones de pesos.
Al 8 de diciembre del año 2006, fecha de conclusión de la administración de Pablo Salazar, el avance financiero reportado fue el siguiente: 8 mil 934 millones de pesos (81%), habían sido pagados por las áreas y dependencias mencionadas como responsables de la administración y/o ejercicio de recursos. 2 mil 078 millones de pesos (19%) quedaron en caja bajo resguardo de los administradores: BANOBRAS con 1 mil 844 millones, para varios rubros, y el gobierno federal con 234 millones para vivienda.
Al 8 de diciembre del año 2006, los trabajos, recursos y avances físicos,representaron el 94% del ejercicio.Así, el avance físico promedio de la reconstrucción, al finalizar la gestión 2000-2006, era del 94%.
Basta mencionar un ejemplo: el programa de vivienda de las administraciones federal y estatal, el más señalado por los portavoces sabinistas. En este rubro, la Auditoría Superior de la Federación realizó observaciones al Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares, FONHAPO (dependencia federal) por el 24% de los recursos debido a la falta de emisión de "bonos" (documento que debió firmar el beneficiario de la vivienda y que debería ser elaborado por esa dependencia federal). Al Instituto de Vivienda de Chiapas solo le observó el 1.7% de los recursos ejercidos. Todas las observaciones eran solventables porque estaba en proceso la integración documental para el cierre del ejercicio.
Estan de testigos los más de 600 comités de vivienda integrados y que hicieron las veces de contraloría social.
Por más que se empeñen, la realidad desmiente los afanes dañosos. Están de testigos la legión de empresas constructoras (estas sí chiapanecas), supervisores y los propios beneficiarios. Este es el mas claro ejemplo de la absurda distorsión que ha hecho el gobierno de Juan Sabines para mantener una permanente campaña negativa contra su antecesor.
Al gobierno de Juan Sabines se le insistió en que la documentación había sido entregada en el relevo de las administraciones y que estaba debidamente comprobado en las actas respectivas de entrega-recepción. Esos mismos documentos fueron conocidos por la Auditoría Superior de la Federación. La comprobación del INVI apareció, efectivamente, arrumbada en una bodega en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, en las condiciones que se observa en esta fotografía y que demuestra la ligereza con la que los responsables de dar seguimiento al proceso de reconstrucción se han conducido:
Por otra parte, es factible y humanamente posible que existan casos de obras mal hechas o inconclusas, en razón de que, por mencionar algunas de ellas: se realizaron casi 40 mil acciones de vivienda, se reconstruyeron 721 vías de comunicación, entre caminos y puentes, se construyeron 42 kilómetros de bordos en ríos.
En ese universo de obras y acciones a ejecutarse en menos de un año, es posible que algún contratista haya cometido deficiencias. Sin embargo, para obligar a su corrección está el Gobierno del Estado, sin importar quién sea el titular.
Precisamente, la Ley de Obras Públicas vigente exige que los contratistas otorguen una fianza para concluir con los trabajos y responder por los vicios ocultos o por incumplimiento. La garantía los obliga a reparar cualquier insatisfacción que haya quedado por la obra. El Gobierno del Estado es quien tiene la obligación de hacer efectiva dicha fianza, con independencia de quién haya hecho la contratación. Solo que hay plazos límites y tiempos establecidos para que las dependencias correspondientes reclamen a los contratistas esa caución: un año después de recibida la obra.
Sin embargo, para mantener el lodo político en la reconstrucción, el gobierno de Juan Sabines dejó irresponsablemente correr los términos y no hizo efectiva ninguna de las fianzas. Por lo tanto, la terminación o corrección de lo que los contratistas no hayan hecho bien le correspondía a los funcionarios actuales, quienes en su momento tendrán que rendir cuentas por esta grave omisión.
Precisamente por mala fe, pues al cierre del 2006, como ya se anotó líneas arriba quedaron en caja 2 mil 078 millones de pesos, programados justamente para terminar los rubros pendientes del Programa de reconstrucción.
El actual gobierno debería estar preocupado entonces por explicar el destino de esos recursos. Es más, con vergüenza, deberían informar al pueblo de Chiapas y a los damnificados que, a casi 6 años de su desgracia, el gobierno de Juan Sabines mantiene en el Fideicomiso que administra BANOBRAS, más de 400 millones de pesos sin ejercer. Recursos que les dejó la anterior administración.
Con la misma pasión y energía que empeñan en sus campañas mediáticas contra la gestión de Pablo Salazar y con la inversión de tiempo que ocupan en fabricar culpables, que expliquen cómo es que no han querido o podido ejercer todos los recursos que les quedaron.
El gobierno de Juan Sabines ha manifestado una y otra vez, que su antecesor no concluyó la reconstrucción y que se dejaron sin terminar algunos programas. No es un descubrimiento. Existe la verdad histórica y esos datos están registrados, con honestidad, en el último Informe de Gobierno.
A la sociedad no le debe resultar entendible cómo un gobierno, el de Pablo Salazar, que encaró la inmediatez de los hechos, la emergencia, la desesperación, la justificable irritación social y el dolor de los damnificados por las pérdidas, concluyó en menos de un año el 94% de las metas de la reconstrucción; y el otro, el de Juan Sabines Guerrero, en casi cinco años, no ha podido o querido resolver y atender el escasamente 6% restante. Si alguna obra quedara por concluir, en vez de usar la desgracia humana como mercancía política, debería haberla ya terminado como era su obligación.
"En enero de 2008, el gobierno estatal tomó la decisión de dar por finalizada la operación de la Comisión Especial de Reconstrucción, en virtud de que quedaba el tres por ciento para cumplir con el plan original y las obras no contempladas serían atendidas por los programas operativos normales de cada una de las dependencias. El Plan de Reconstrucción original, diseñado por la administración anterior se cumplió en un 96.06 por ciento hasta enero del 2008".
Esto significa: Juan Sabines no tuvo un plan, dio seguimiento al elaborado por el gobierno de Pablo Salazar. Lo siguió hasta 2008, consideró que todo estaba ya concluido y turnó los pocos pendientes a las dependencias. ¿Entonces cual tragedia social? Mentiras y más mentiras.
Del mismo modo, el comunicado 2366 del gobierno de Juan Sabines, de fecha 2 de julio de 2008, dice: "El Plan de Reconstrucción logró captar 11 mil 18 millones de pesos, 38 centavos de recursos del Fondo Estatal de Atención de Desastres Naturales (Foaeden), recursos federales y complementarios (federación-estado-donaciones), de estos recursos, se han ejercido 10 mil 248 millones de pesos con 82 centavos y el resto está comprometido en las obras que se encuentran en ejecución". Si la reconstrucción costó 11 mil millones, ejercieron más de 10 mil y comprometieron lo adicional: NO hubo ningún desvío de recursos.
2. La ejecución de los programas fue compartida entre dependencias del gobierno estatal y federal, prácticamente en partes iguales. Los alcaldes, quienes con gran responsabilidad jugaron un decisivo papel para conducir en sus municipios toda la energía social desbordada en esos momentos, solo manejaron magros recursos para construir puentes de hamaca.
3. 8 mil 934 millones de pesos fueron utilizados al cierre de la administración anterior; el resto, 2 mil 078 millones de pesos, quedaron en caja para cubrir los compromisos pendientes de atender por el Programa de reconstrucción que hasta hoy sigue inconcluso por decisión de quien debió terminarla desde hace mucho tiempo.
4. Existe un dictamen de la Auditoría Superior de la Federación que en términos generales aprueba un manejo correcto de los recursos, con observaciones en su mayoría solventables, y que en virtud de la conclusión del mandato constitucional del anterior gobierno, correspondió desahogar al gobierno de Juan Sabines. Si no lo hizo, cometió una falta más.
5. Ante algunas anomalías en las obras realizadas, el gobierno de Juan Sabines no activó las fianzas depositadas por las constructoras, por negligencia, descuido o porque creyeron que no haciéndolo les generaría una mayor rentabilidad político-electoral. Por ello, deberán asumir las consecuencias legales, políticas y enfrentar el reclamo de afectados y ciudadanos.
6. El manejo tendencioso, las mentiras repetidas diariamente durante ya más de cuatro años sobre el "robo" de los recursos de la reconstrucción o el "contubernio" de funcionarios anteriores con las empresas constructoras para hacer malas obras y la fabricación de culpables, solo corresponde a una sucia maniobra política, hoy renovada con fines estrictamente electorales.
7. Durante más de cuatro años, el anterior gobierno soportó en silencio todas las calumnias repetidas a través de una bien orquestada andanada mediática y una auténtica cacería de brujas. Por el supuesto "fraude" multimillonario contra los recursos de la reconstrucción, varios ex funcionarios de la pasada administración han pagado esta vendetta con su patrimonio, su prestigio y con libertad. Hoy, en la agonía de este gobierno, se recrudece el ambiente de linchamiento a través de personeros y medios al servicio del gobierno de Sabines. Como desde el principio, todo esto sobre la base de una amañada y dirigida "fiscalización" elaborada desde los órganos locales y, por supuesto, de la fabricación de responsabilidades por consigna.
8. Para no enrarecer más el enrarecido clima político en Chiapas, el gobierno de Pablo Salazar permaneció callado. Algunos lo mal entendieron como una concesión, al fin que "el que calla, otorga". No hay tal. Se actuó con responsabilidad en espera de que el actual gobierno mostrara una cordura que no lo caracteriza. Los chiapanecos ya saben que, de manera sospechosa, justo cada vez que se desarrolla o avecina un proceso electoral, el actual gobierno reactiva nuevas ofensivas de todo tipo, respecto de un evento que ocurrió hace casi 6 años. Ahora, se confirma la regla. Se trata quizá del último intento desesperado por revertir la buena opinión que la mayoría de los chiapanecos, gente de buena fe y con gran comprensión del momento que vive Chiapas, tienen del gobierno de Pablo Salazar.
9. Ha llegado la hora de decir ¡Ya basta!. Ha llegado el momento de defender la integridad y difundir la verdad del proceso de reconstrucción por todas las vías: la política, la jurídica y todos los mecanismos de comunicación actuales.
La verdad, que han deseado sepultar con torrentes de tinta pagada durante cuatro años, es que el gobierno de Chiapas jamás tuvo 11 mil millones de pesos en su poder y a su disposición.
2. ¿Cuánto dinero hubo?¿Cuál fue su procedencia?
Los recursos para la reconstrucción tuvieron su origen en: Gobierno federal: 7 mil 998 millones de pesos, Gobierno de Chiapas: 2 mil 956 millones de pesos, Donaciones civiles: 61 millones de pesos
Esto hace un monto total de 11 mil 015 millones de pesos.
3. ¿Quién tuvo y utilizó dicho dinero?
La verdad, verificable en las cuentas públicas federal y estatal, es la siguiente: 2 mil 877 millones de pesos, el 26% de los recursos, fueron depositados directamente a las distintas delegaciones federales en Chiapas. Dichos recursos no ingresaron a la Tesorería del Estado y, consecuentemente, el Gobierno estatal no intervino en su ejercicio. 4 mil 260 millones de pesos, el 39% de los recursos, constituyeron el Fideicomiso del Fondo de Desastres Naturales (FONDEN), pagados directamente por BANOBRAS a contratistas de obra, previa comprobación presentada por dependencias federales y estatales. Tampoco ingresaron a la Tesorería del Estado y el Gobierno de Chiapas no participó en absoluto en su manejo. Solo el 35% del total de recursos para la reconstrucción (3 mil 878 millones de pesos ) fueron depositados al Gobierno estatal para pago de acciones u obras, siempre bajo las rigurosas reglas de operación correspondientes y con total transparencia, como fue la característica de la administración 2000-2006.4. ¿Cuánto de este dinero se ejerció?
Al 8 de diciembre del año 2006, fecha de conclusión de la administración de Pablo Salazar, el avance financiero reportado fue el siguiente: 8 mil 934 millones de pesos (81%), habían sido pagados por las áreas y dependencias mencionadas como responsables de la administración y/o ejercicio de recursos. 2 mil 078 millones de pesos (19%) quedaron en caja bajo resguardo de los administradores: BANOBRAS con 1 mil 844 millones, para varios rubros, y el gobierno federal con 234 millones para vivienda.
5. ¿A dónde se fue el dinero?
Al 8 de diciembre del año 2006, los trabajos, recursos y avances físicos,representaron el 94% del ejercicio.Así, el avance físico promedio de la reconstrucción, al finalizar la gestión 2000-2006, era del 94%.
6. ¿Sabes que se ha escondido el resultado de la auditoría representativa que la Auditoría Superior de la Federación practicó a estos recursos?
En el Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2006 se puede apreciar que el dictamen de la Auditoría Superior de la Federación fue altamente favorable a la administración estatal 2000-2006.Basta mencionar un ejemplo: el programa de vivienda de las administraciones federal y estatal, el más señalado por los portavoces sabinistas. En este rubro, la Auditoría Superior de la Federación realizó observaciones al Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares, FONHAPO (dependencia federal) por el 24% de los recursos debido a la falta de emisión de "bonos" (documento que debió firmar el beneficiario de la vivienda y que debería ser elaborado por esa dependencia federal). Al Instituto de Vivienda de Chiapas solo le observó el 1.7% de los recursos ejercidos. Todas las observaciones eran solventables porque estaba en proceso la integración documental para el cierre del ejercicio.
Estan de testigos los más de 600 comités de vivienda integrados y que hicieron las veces de contraloría social.
Por más que se empeñen, la realidad desmiente los afanes dañosos. Están de testigos la legión de empresas constructoras (estas sí chiapanecas), supervisores y los propios beneficiarios. Este es el mas claro ejemplo de la absurda distorsión que ha hecho el gobierno de Juan Sabines para mantener una permanente campaña negativa contra su antecesor.
7. ¿Escuchaste que llegaron a decir "no existe documentación comprobatoria del programa de vivienda"?
El gobierno de Juan Sabines decidió cambiar de nombre al Instituto de la Vivienda (INVI). Lo rebautizaron como Promotora Estatal de Vivienda. En 2007, dependió de la Secretaría de Infraestructura (SINFRA); en 2008, de la Secretaría de Medio Ambiente y Vivienda (SEMAVI); y, nuevamente en 2011, de SINFRA. Contrataron un fideicomiso para liquidar el extinto INVI. Esto significa, que todo su archivo histórico, incluida la documentación del Stan, comenzó un peregrinar. En ese ir y venir, la documentación fue extraviada, traspapelada o de plano abandonada.Al gobierno de Juan Sabines se le insistió en que la documentación había sido entregada en el relevo de las administraciones y que estaba debidamente comprobado en las actas respectivas de entrega-recepción. Esos mismos documentos fueron conocidos por la Auditoría Superior de la Federación. La comprobación del INVI apareció, efectivamente, arrumbada en una bodega en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, en las condiciones que se observa en esta fotografía y que demuestra la ligereza con la que los responsables de dar seguimiento al proceso de reconstrucción se han conducido:
8. ¿Es cierto que no se incluyeron todos los daños y que hay trabajos "mal" hechos, incluso obras pagadas anticipadamente sin que se hubieran concluido?
Hay quienes creían que todo lo que faltaba en nuestros pueblos antes del desastre se podía incluir en el Plan de reconstrucción como parte de los daños causados por el huracán. Sin embargo, eso no es posible, porque todos los programas tienen reglas y deben de ajustarse a ellos. Todo el inventario de daños pasó por rigurosos filtros establecidos por la normatividad federal para definir qué problemas fueron, en estricto rigor, causados por el Stan. Los recursos que se asignaron se autorizaron después de haber cumplido con todas las Reglas de Operación del Fondo de Desastres Naturales, coordinado por el gobierno federal. Por lo tanto, la reconstrucción solo repuso lo que ya existía antes de la presencia del huracán Stan.Por otra parte, es factible y humanamente posible que existan casos de obras mal hechas o inconclusas, en razón de que, por mencionar algunas de ellas: se realizaron casi 40 mil acciones de vivienda, se reconstruyeron 721 vías de comunicación, entre caminos y puentes, se construyeron 42 kilómetros de bordos en ríos.
En ese universo de obras y acciones a ejecutarse en menos de un año, es posible que algún contratista haya cometido deficiencias. Sin embargo, para obligar a su corrección está el Gobierno del Estado, sin importar quién sea el titular.
Precisamente, la Ley de Obras Públicas vigente exige que los contratistas otorguen una fianza para concluir con los trabajos y responder por los vicios ocultos o por incumplimiento. La garantía los obliga a reparar cualquier insatisfacción que haya quedado por la obra. El Gobierno del Estado es quien tiene la obligación de hacer efectiva dicha fianza, con independencia de quién haya hecho la contratación. Solo que hay plazos límites y tiempos establecidos para que las dependencias correspondientes reclamen a los contratistas esa caución: un año después de recibida la obra.
Sin embargo, para mantener el lodo político en la reconstrucción, el gobierno de Juan Sabines dejó irresponsablemente correr los términos y no hizo efectiva ninguna de las fianzas. Por lo tanto, la terminación o corrección de lo que los contratistas no hayan hecho bien le correspondía a los funcionarios actuales, quienes en su momento tendrán que rendir cuentas por esta grave omisión.
9. Te has preguntado ¿Por qué siempre se habla de lo que ocurrió hasta el 2006 y no explican cómo y cuando han concluido la reconstrucción?
Precisamente por mala fe, pues al cierre del 2006, como ya se anotó líneas arriba quedaron en caja 2 mil 078 millones de pesos, programados justamente para terminar los rubros pendientes del Programa de reconstrucción.
El actual gobierno debería estar preocupado entonces por explicar el destino de esos recursos. Es más, con vergüenza, deberían informar al pueblo de Chiapas y a los damnificados que, a casi 6 años de su desgracia, el gobierno de Juan Sabines mantiene en el Fideicomiso que administra BANOBRAS, más de 400 millones de pesos sin ejercer. Recursos que les dejó la anterior administración.
Con la misma pasión y energía que empeñan en sus campañas mediáticas contra la gestión de Pablo Salazar y con la inversión de tiempo que ocupan en fabricar culpables, que expliquen cómo es que no han querido o podido ejercer todos los recursos que les quedaron.
El gobierno de Juan Sabines ha manifestado una y otra vez, que su antecesor no concluyó la reconstrucción y que se dejaron sin terminar algunos programas. No es un descubrimiento. Existe la verdad histórica y esos datos están registrados, con honestidad, en el último Informe de Gobierno.
A la sociedad no le debe resultar entendible cómo un gobierno, el de Pablo Salazar, que encaró la inmediatez de los hechos, la emergencia, la desesperación, la justificable irritación social y el dolor de los damnificados por las pérdidas, concluyó en menos de un año el 94% de las metas de la reconstrucción; y el otro, el de Juan Sabines Guerrero, en casi cinco años, no ha podido o querido resolver y atender el escasamente 6% restante. Si alguna obra quedara por concluir, en vez de usar la desgracia humana como mercancía política, debería haberla ya terminado como era su obligación.
10. ¿No te parece sospechoso que, ahora y en vísperas de unas elecciones, presentan a la reconstrucción como un drama social, cuando en 2008, Juan Sabines desapareció su Comisión Especial porque la reconstrucción estaba concluida? ¿Te has enterado que sus propios funcionarios han exhibido el montaje político sobre la reconstrucción?
Ahora, todos los voceros sabinistas han querido presentar a la reconstrucción como una tragedia vigente. El gobierno de Juan Sabines prácticamente dice que todo lo realizado, en materia de reconstrucción está mal y que existe casi una insurgencia social de los damnificados. Curiosamente, toda la millonaria propaganda fue desmentida por el ex titular de la Comisión Especial de Reconstrucción de los Daños del Huracán Stan del gobierno sabinista. El viernes 13 de mayo de 2011, Julián Domínguez López Portillo reveló:"En enero de 2008, el gobierno estatal tomó la decisión de dar por finalizada la operación de la Comisión Especial de Reconstrucción, en virtud de que quedaba el tres por ciento para cumplir con el plan original y las obras no contempladas serían atendidas por los programas operativos normales de cada una de las dependencias. El Plan de Reconstrucción original, diseñado por la administración anterior se cumplió en un 96.06 por ciento hasta enero del 2008".
Esto significa: Juan Sabines no tuvo un plan, dio seguimiento al elaborado por el gobierno de Pablo Salazar. Lo siguió hasta 2008, consideró que todo estaba ya concluido y turnó los pocos pendientes a las dependencias. ¿Entonces cual tragedia social? Mentiras y más mentiras.
Del mismo modo, el comunicado 2366 del gobierno de Juan Sabines, de fecha 2 de julio de 2008, dice: "El Plan de Reconstrucción logró captar 11 mil 18 millones de pesos, 38 centavos de recursos del Fondo Estatal de Atención de Desastres Naturales (Foaeden), recursos federales y complementarios (federación-estado-donaciones), de estos recursos, se han ejercido 10 mil 248 millones de pesos con 82 centavos y el resto está comprometido en las obras que se encuentran en ejecución". Si la reconstrucción costó 11 mil millones, ejercieron más de 10 mil y comprometieron lo adicional: NO hubo ningún desvío de recursos.
En conclusión, la verdad sobre la reconstrucción de los daños del huracán Stan en Chiapas, se resume en que:
1. El gobierno de Pablo Salazar nunca tuvo en su poder 11 mil millones de pesos para los trabajos de reconstrucción. Únicamente el 35% de los recursos asignados estuvieron bajo la administración y el control del gobierno estatal, quien de acuerdo con una rigurosa fiscalización al más alto nivel, ausente de vicios o intereses, concluyó que se realizó en forma honesta.2. La ejecución de los programas fue compartida entre dependencias del gobierno estatal y federal, prácticamente en partes iguales. Los alcaldes, quienes con gran responsabilidad jugaron un decisivo papel para conducir en sus municipios toda la energía social desbordada en esos momentos, solo manejaron magros recursos para construir puentes de hamaca.
3. 8 mil 934 millones de pesos fueron utilizados al cierre de la administración anterior; el resto, 2 mil 078 millones de pesos, quedaron en caja para cubrir los compromisos pendientes de atender por el Programa de reconstrucción que hasta hoy sigue inconcluso por decisión de quien debió terminarla desde hace mucho tiempo.
4. Existe un dictamen de la Auditoría Superior de la Federación que en términos generales aprueba un manejo correcto de los recursos, con observaciones en su mayoría solventables, y que en virtud de la conclusión del mandato constitucional del anterior gobierno, correspondió desahogar al gobierno de Juan Sabines. Si no lo hizo, cometió una falta más.
5. Ante algunas anomalías en las obras realizadas, el gobierno de Juan Sabines no activó las fianzas depositadas por las constructoras, por negligencia, descuido o porque creyeron que no haciéndolo les generaría una mayor rentabilidad político-electoral. Por ello, deberán asumir las consecuencias legales, políticas y enfrentar el reclamo de afectados y ciudadanos.
6. El manejo tendencioso, las mentiras repetidas diariamente durante ya más de cuatro años sobre el "robo" de los recursos de la reconstrucción o el "contubernio" de funcionarios anteriores con las empresas constructoras para hacer malas obras y la fabricación de culpables, solo corresponde a una sucia maniobra política, hoy renovada con fines estrictamente electorales.
7. Durante más de cuatro años, el anterior gobierno soportó en silencio todas las calumnias repetidas a través de una bien orquestada andanada mediática y una auténtica cacería de brujas. Por el supuesto "fraude" multimillonario contra los recursos de la reconstrucción, varios ex funcionarios de la pasada administración han pagado esta vendetta con su patrimonio, su prestigio y con libertad. Hoy, en la agonía de este gobierno, se recrudece el ambiente de linchamiento a través de personeros y medios al servicio del gobierno de Sabines. Como desde el principio, todo esto sobre la base de una amañada y dirigida "fiscalización" elaborada desde los órganos locales y, por supuesto, de la fabricación de responsabilidades por consigna.
8. Para no enrarecer más el enrarecido clima político en Chiapas, el gobierno de Pablo Salazar permaneció callado. Algunos lo mal entendieron como una concesión, al fin que "el que calla, otorga". No hay tal. Se actuó con responsabilidad en espera de que el actual gobierno mostrara una cordura que no lo caracteriza. Los chiapanecos ya saben que, de manera sospechosa, justo cada vez que se desarrolla o avecina un proceso electoral, el actual gobierno reactiva nuevas ofensivas de todo tipo, respecto de un evento que ocurrió hace casi 6 años. Ahora, se confirma la regla. Se trata quizá del último intento desesperado por revertir la buena opinión que la mayoría de los chiapanecos, gente de buena fe y con gran comprensión del momento que vive Chiapas, tienen del gobierno de Pablo Salazar.
9. Ha llegado la hora de decir ¡Ya basta!. Ha llegado el momento de defender la integridad y difundir la verdad del proceso de reconstrucción por todas las vías: la política, la jurídica y todos los mecanismos de comunicación actuales.
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