SAN SALVADOR, El Salvador — Desde el año 2016 por mandato de Mauricio Landaverde, ministro de Justicia y Seguridad Pública, se comenzó a trabajar en favor del respeto de los derechos de la población LGBTI en dicha entidad y sus dependencias. Por lo cual se crearon las Políticas de Atención a la Población LGBTI, la cual se trabajó en conjunto con delegados y delegadas de las diferentes dependencias y organizaciones LGBTI que conforman la Federación Salvadoreña LGBTI.

Migración y Extranjería ha creado protocolos de atención a población LGBTI, al igual que atención a migrantes retornados LGBTI; la Dirección de Centros Penales van a la vanguardia, pues tienen un registro desagregado por población que conforma el conglomerado LGBTI. La Policía Nacional Civil ha tomado denuncia únicamente y en su mayoría de mujeres trans y hombres trans, al igual que se han realizado capacitaciones en sensibilización en diversidad sexual.

Con el fin de difundir las Policitas de Atención a la Población LGBTI, se llevó a cabo la campaña interna Hago Lo Justo y tienen el plan en 2019, de crear tres mesas para coordinar la atención de casos de discriminación a personas LGBTI al igual que el seguimiento a la campaña Hago Lo Justo.

Una campaña en la cual se realizaron cines foros, conversatorios, actividades disruptivas, talleres de liderazgo, presentación de la obra de teatro “La Huida” en las tres cabeceras departamentales, pinta de mural participativo y afiches para sensibilizar en el tema, además del vídeo “Súmate” para complementar el apoyo a la campaña, contando con la participación de diferentes embajadores de la causa.

Entre los resultados de la campaña están 166.000 alcanzadas en redes sociales, 12.000 interacciones y 1.092 personas del ministerio participaron en las actividades. Concluyendo así que la campaña fue un éxito, y se tiene que seguir fortaleciendo, realizando las demás etapas de la misma.

Cruz Torres, director de Diversidad Sexual de la Secretaría de Inclusión Social, felicitó la labor en trabajo de inclusión que ha realizado hasta la fecha el Ministerio de Justicia, al igual que felicitó el trabajo de la Federación Salvadoreña LGBTI en la incidencia dentro del Estado, el desarrollo de sus capacidades organizativas, por la cooperación que han logrado internacionalmente.

“Los retos que ahora se presentan, es erradicar las conductas discriminatorias y las doctrinas de desigualdad, porque aún se cree que el respetar los derechos humanos de la población LGBTI es una amenaza”; agregó Torres. “Se necesitan más políticas públicas en las instituciones que aún faltan, para realizar las labores reales de cualquier servidor público”.

Además mencionó que estas acciones colaboran a la democracia e incentivó a seguir trabajando y mantener los logros que ya se tienen.

Jaime Martínez Ventura, director de la Academia Nacional de Seguridad Pública expresó que “En la Academia Nacional de Seguridad Pública (ANSP), han habido muchos casos de discriminación, acoso y persecución, por lo cual era urgente trabajar en materia de defensa de los derechos de la población LGBTI”.

“Por lo cual hemos acompañado estos esfuerzos en materia de sensibilización, por lo que todas esas malas prácticas se han ido erradicando; aunque aún no en su totalidad, si se han logrado cambios”, agregó Martínez.

Verónica López, representante de la Federación Salvadoreña LGBTI, habló un poco de los avances que como organizaciones han percibido por parte del ministerio, “agradecemos al señor Ministro por abanderar el tema LGBTI pese a los mensajes negativos y también a los titulares de las diferentes dependencias de la institución”. También agregó que la Dirección de Atención a Víctimas ha sido clave en la realización de todo este trabajo.

Raúl Antonio López, viceministro de Justicia y Seguridad Pública, mencionó que antes estas institución que conforman el Ministerio, eran machista y no se permitía el acceso a la población LGBTI a las instalaciones de las mismas, ha sido hasta esta administración, que se comenzó a trabajar la garantía de los derechos a la población LGBTI.

“Por constitución tenemos la obligación de dar un trato digno y justo a toda población”, menciona López agregando, “aún falta mucho, pero si se ha logrado la sensibilización. Estas campañas han logrado permear en las mentes de muchos burócratas de la seguridad, los desafíos son grandes y se espera que todas y todos logremos mantener estos espacios”.