Primera Junta Revolucionaria de Gobierno
Coronel e Ing. Jaime Abdul Gutierrez
Ing. Mario Antonio Andino
Ing. Roman Mayorga Quiroz
Dr. Guillermo Manuel Ungo
Coronel Adolfo Majano Ramos

En la medida en que la oposición al gobierno del general Carlos Humberto Romero se agudizaba, algunos militares se dieron cuenta de que sería necesario efectuar cambios en la dirección política del país para evitar una confrontación mayor. Pesaba en su análisis la caída del dictador Anastasio Somoza Debayle en Nicaragua a mediados de 1979. También pesaba en el análisis de los militares salvadoreños la política norteamericana en defensa de los derechos humanos del presidente estadounidense Jimmy Carter. Carter ya había enviado a sus emisarios a San Salvador para que manifestaran su repudio a la represión desatada por el gobierno del general Romero y trataran de persuadirle para que buscara una negociación con sus enemigos políticos.

Por su parte, las fuerzas opositoras al régimen de Romero se sintieron más fuertes y confiadas como para presionar abiertamente a las fuerzas del orden público. Cuando el gobierno restableció las garantías constitucionales en marzo de 1979, comenzaron huelgas y tomas de edificios públicos que la policía trató de controlar sin mayor éxito. Por el contrario, el uso de armas de fuego para disolver manifestaciones fue transmitido por las cámaras de la televisión a los hogares de norteamericanos y europeos, quienes observaban horrorizados masacres como la de las gradas de la catedral de San Salvador en mayo de 1979. Los gobiernos de Alemania Federal, Japón, Suiza, Gran Bretaña y Costa Rica decidieron cerrar sus embajadas en El Salvador ante la incontrolabe espiral de violencia.

Finalmente, la misma fuerza armada decidió derrocar a su presidente y comandante en jefe, el general romero. El 15 de octubre de 1979, cierto número de cuarteles y destacamentos se declararon en rebelión y el último presidente militar de El Salvador abandonaba el país rumbo al exilio en México. Ese mismo día un grupo de militares golpistas redactaba una proclama que contituye una de las más categóricas denuncias de las injusticias que había conocido El Salvador hasta entonces. Los golpistas se comprometieron a ponerle paro a las violaciones a los derechos humanos y a la violencia política, a la vez que anunciaban las medidas para lograr "una distribución equitativa de la riqueza nacional", sobre todo una reforma agraria y eformas a la banca y el comercio exterior.

A los pocos días se había conformado una Junta Revolucionaria de goberino, integrada por dos militares y tres civiles.

Sin embargo, la junta se encontro en una situación de gran dificultad: por un lado, las fuerzas de la izquierda, aglutinadas ya en diversos movimientos de masas, seguían manifestándose y tomándose edificios públicos para protestar contra la junta, por el otro lado, la derecha se organizaba también para oponerse a las reformas anunciadas.

También comenzaron a perfilarse con mayor nitidez las diferencias en el seno de la fuerza armada. Varios de los promotores del golpe del 15 de octubre fueron marginados y el grupo de oficiales de jóvenes comprometidos con el programa de reformas sociales tuvo que subordinarse a los oficiales de mayor jerarquía, quienes no tendrían el mismo entusiasmo por los cambios anunciados.

La junta incapaz de controlar el rumbo de los acontecimientos y la espiral creciente de violencia, menos aún pudo poner en marcha la reforma agraria y otras medidas anunciadas. Hacia finales de año, durante una tormentosa reunión, la Junta y su gabinete de Gobierno amplazaron al Alto Mando de la fuerza armada, exigiendo una estricta obediencia de los militares al Gobierno y un cese a la represión. Ante la negativa del Alto Mando, los civiles en la Junta y los ministros del gabinete terminaron renunciando a comienzos de 1980, dando fin a "La Primera Junta".

<-Regresar