El Gran Traspié de Chiquita

Por Amy Goodman
20 de marzo, 2007

¿Qué tienen en común Osama bin Laden y las bananas de Chiquita? Ambos han utilizado sus fortunas millonarias para financiar actividades terroristas.

El Departamento de Justicia acaba de multar con 25 millones de dólares a “Chiquita Brands International” por financiar una organización terrorista...durante años. Chiquita deberá cooperar plenamente con las investigaciones en curso sobre sus pagos al grupo paramilitar y ultraderechista colombiano conocido como Autodefensas Unidas de Colombia. Chiquita realizó pagos casi todos los meses a las AUC desde 1997 hasta 2004, alcanzando una cifra de al menos 1,7 millones de dólares.

Las AUC son una organización paramilitar brutal integrada por alrededor de 15.000 a 20.000 hombres armados. Fue calificada de organización terrorista por Estados Unidos el 10 de septiembre de 2001. Entre sus tácticas habituales se destacan el secuestro, la tortura, la desaparición, las violaciones, el asesinato, las golpizas, la extorsión y el tráfico de drogas.

Chiquita declara que tenía que realizar dichos pagos en respuesta a las amenazas de las AUC y para proteger a sus empleados y propiedades. Los abogados de Chiquita suplicaron a la empresa que dejase de realizar aquellos pagos ilegales, aunque sin éxito. Los pagos se realizaron mediante cheques a través de su filial colombiana, Banadex. Cuando los ejecutivos de Chiquita descubrieron que los pagos eran ilegales, empezaron a enviar el dinero en efectivo. Chiquita vendió Banadex en junio de 2004 cuando las cosas empezaron a ponerse demasiado complicadas.

Mientras las AUC se dedicaban a recolectar los dólares estadounidenses de Chiquita, asesinaban a miles de personas inocentes en las zonas rurales del país. Chengue era una pequeña aldea dedicada a la agricultura en el departamento de Sucre. Cerca de 80 paramilitares de las AUC entraron en el poblado en la madrugada del 17 de enero de 2001. Acorralaron a los hombres en un lugar y les machacaron el cráneo con piedras y mazas, asesinando a 24. Uno de los paramilitares implicados en la matanza, un joven de 19 años, confesó y proporcionó los nombres de los cabecillas, entre quienes se incluían miembros del cuerpo de la policía y oficiales de la Marina. Hasta la fecha, es el único que ha sido castigado por los hechos. Esta es tan sólo una de las cientos de masacres perpetradas por las AUC.

Chiquita tiene un largo historial criminal en sus espaldas. The Cincinnati Enquirer, el principal periódico de la ciudad donde se ubica la sede de la empresa, destapó sus trapos sucios en 1998. El periódico descubrió que Chiquita expuso a comunidades enteras a pesticidas de alto riesgo prohibidos en EE.UU., desalojó a toda una aldea en Honduras a punta de pistola, procediendo luego a arrasar el lugar, suprimió sindicatos, sin darse cuenta permitió que los barcos de Chiquita transportaran cocaína a nivel internacional, y pagó fortunas a políticos estadounidenses con el objetivo de ejercer una influencia sobre las políticas comerciales. El periodista encargado de la investigación, Mike Gallagher, accedió de forma ilegal a más de 2.000 mensajes de voz de Chiquita. Los mensajes respaldaban su historia, pero los métodos que empleó para conseguirlo causaron su despido. The Enquirer publicó una disculpa en primera plana y se informó que pagó a Chiquita 14 millones de dólares. El escándalo de los mensajes de voz sacudió los cimientos del Enquirer, y se acabó por enterrar aquel escándalo.

Chiquita era antes conocida como United Fruit Co., que con la ayuda de su antiguo abogado, el Secretario de Estado John Foster Dulles, y de su hermano Allen Dulles, al mando de la CIA en ese momento, derrocaron al presidente democráticamente elegido en Guatemala, Jacobo Arbenz Guzmán, en 1954. Y podríamos seguir rastreando su historia. El colombiano premio Nobel de Literatura, Gabriel García Márquez, escribió en su ya clásico “Cien años de soledad” sobre la “masacre de las bananeras” perpetrada contra los trabajadores en huelga de la United Fruit en 1928 en Santa Marta: “Cuando la empresa bananera llegó... los antiguos policías fueron reemplazados por asesinos a sueldo”.

Mientras que Estados Unidos busca lograr la extradición de los ejecutivos de Chiquita en Colombia, el gobierno del presidente colombiano Álvaro Uribe, cuyos propios funcionarios fueron recientemente vinculados con los paramilitares de la derecha, ha contraatacado diciendo que intentará extraditar a su vez a los ejecutivos estadounidenses de Chiquita. Los fiscales colombianos también buscan información sobre el papel desempeñado por Chiquita en el contrabando de 3.000 rifles AK-47 y millones de cartuchos de munición enviados a los paramilitares en noviembre de 2001.

Una multa de 25 millones de dólares es sólo un tirón de orejas para una corporación multimillonaria como Chiquita, el precio que hay que pagar por hacer negocios. Presidentes como George W. Bush y Uribe, hombres de negocios ante todo, a pesar de encontrarse en un pleito por las extradiciones, nunca perderían de vista su objetivo común de mantener a toda costa el llamado régimen de libre comercio, estridentemente corporativo y respaldado militarmente. Mientras las cosas no cambien, líderes sindicales y agricultores como aquellos hombres de Chengue seguirán siendo víctimas mortales por parte de Chiquita o de cualquier otra empresa multinacional.

Ese próximo plátano orgánico y de comercio justo que compres bien podría salvar una vida.

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Amy Goodman dirige “Democracy Now!”, un programa de noticias de TV y radio que se emite en más de 500 emisoras alrededor del mundo.

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JOURNALIST BRADLEY WILL SLAIN IN OAXACA

BY AMY GOODMAN

Bradley Will captured a murder on video: his own. Will was in the southern Mexican city of Oaxaca (pronounced: wuh-HAH-kuh), documenting the ongoing protests against the state government there. He was an unembedded journalist, reporting from the front lines of a mass nonviolent movement, and he was shot in broad daylight before a crowd, by plainclothes paramilitaries. Will’s murder is just one of too many in the growing list of journalists killed while doing their job. His death on Oct. 27, 2006, and the deaths of three others that day, is proving to be a flash point in Oaxaca.
In May of 2006, the teachers of Oaxaca went on strike, demanding higher wages. The almost annual strike has traditionally obtained a pay hike without conflict. This year, however, the Oaxacan governor, Ulises Ruiz, called out local, state and federal police and attempted to crush the strike.
The attack prompted a cross section of Oaxacan society to join in the protests, first by occupying the historic central square in Oaxaca City, the Zocalo, then by occupying government buildings and taking over radio and television stations. They were tired of being misrepresented by the media. They formed an umbrella group, the Popular Assembly of the Peoples of Oaxaca (APPO). For the past four months, the APPO has led a broad movement fighting not only to remove the governor, but also to construct a new form of direct democracy. In response to nightly attacks by police and paramilitaries, hundreds of barricades have been set up throughout the city. Will was documenting the efforts to protect a key barricade in the town of Santa Lucia del Camino when he was killed.
Brad’s final video was recovered and posted on the Internet. In it, you can walk with him through his final hours, interviewing the poor but determined protesters, scrambling for cover amidst intermittent gunfire directed at them. We see the shooters, and Brad’s careful balance of protecting himself but documenting the violence against the unarmed protesters. We hear the fatal shot, and his cry of pain as he falls to the ground with two bullets in his abdomen, the camera still recording. U.S. Ambassador to Mexico Tony Garza criticized the murder, but said Will died in a “shootout.” As Brad’s video shows, and to which witnesses attest, the protesters were unarmed. There was no shootout. The Associated Press reported that Santa Lucia del Camino Mayor Manuel Martinez Feria said the suspected shooters have been identified from a photo, all connected to local government or police.
In his sadly prescient final written piece posted to indymedia.org, Brad described the sense of the movement following the murder of a man maintaining a barricade by plainclothes paramilitaries. Just 10 days before his death, Brad wrote the following: “What can you say about this movement — this revolutionary moment — you know it is building, growing, shaping — you can feel it — trying desperately for a direct democracy.”
This past weekend, claiming to restore order, Mexican President Vicente Fox sent in thousands of federal police, using the death of the American journalist as a pretext. They retook the city square. On Democracy Now! on Monday morning, I interviewed Gustavo Esteva, a columnist for the Mexican newspaper La Jornada: “It is not the people themselves who have created disorder in the city. That is the alibi of President Fox, using the police to support this governor in a very peculiar structure of cynicism and complicity. It is a combination that is forcing the people of Oaxaca to pay a very heavy price for a democratic, peaceful struggle.
“The police, yes, can kill us. The police can come and occupy with all their weapons, with all their tanks. They can occupy one plaza. They can occupy one specific point, but they cannot control the city. They cannot govern the city. They cannot govern our lives and our conscience. We are in control of the city and in control of our lives. And we will surround these police with our bare hands, and we will still control our lives, not the police.”
While Congress and President Bush build a wall along the U.S.-Mexico border in a vain denial of our inextricably linked realities, Oaxaca’s coalescence of popular grass-roots groups is reaching a critical moment. The federal government has moved in. Will they slaughter the protesters as they did the students in Mexico City in 1968? Will the suppression of the civic demands result in an armed insurrection akin to the Zapatistas of 1994? These momentous events will go less well understood by people in the U.S., denied the insights and reporting of yet another journalist, murdered for the crime of reporting the truth.
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© 2006 Amy Goodman
Distributed by King Features Syndicate